En casa de herrero, cuchillo de palo. En el país hay más de una mujer policía que, antes de vestir el uniforme de la institución, juró servir y proteger a la patria. Pero  a la hora de necesitar de esa protección que brindan o, al menos, hacer uso de sus derechos, solo reciben respuestas que pueden poner en riesgo su embarazo o las empuja a separarse del núcleo familiar a tan solo días del nacimiento de sus hijos. En la entidad, al parecer, el diagnóstico ‘embarazo de alto riesgo” no tiene validez.

Muestra de ello, las denuncias públicas que ha hecho el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos(CDH), sobre el caso de seis agentes policiales que han denunciado la violación de sus derechos durante el proceso de gestación y lactancia materna.

El caso más reciente lo recibieron en abril pasado, por parte de familiares de una servidora policial que, pese a estar con  permiso de maternidad, fue notificada por la institución de su traslado desde Guayaquil a Manabí. Sí, la agente, que tenía a su hijo de tan solo 27 días de nacido, recibió la orden de trasladarse a la cárcel El Rodeo, en Manabí, por 60 días; como parte de un “traslado temporal” de agentes, según un telegrama al que    Diario EXPRESO tuvo acceso.

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Una notificación que, según la CDH, llegó sin contemplar si la agente cuenta “con familiares o apoyo en esa provincia, e interfiriendo con los permisos de maternidad y lactancia”.

A este caso se suma el de otra agente, a quien llamaremos Rosa. Según la denuncia de la CDH, la agente contaba con informes médicos que catalogaron su embarazo de alto riesgo. Sin embargo, la institución policial solicitó su traslado a la provincia de Manabí, pese a que su médico de cabecera y su familia, al igual que ella, residen en Guayaquil. La agente solicitó a la Policía Nacional reconsiderar su traslado a través de un oficio.

A esta solicitud, el departamento de Talento Humano de la Zona 4, suscrito por el señor Rommel David Gaete Bernal, Mayor de Policía, Especialista en Movilidad Humana de Talento Humano, respondió que la solicitud de traslado por Calamidad Médica de la agente no era procedente. ¿La razón? Pues según la institución, el lugar al que Rosa sería trasladada también contaba con una red de salud pública.

El caso de la agente trascendió a audiencia en la Defensoría del Pueblo. EXPRESO tuvo acceso a la intervención de la defensa, patrocinada por la CDH y la defensa técnica de la comandancia, zona 4; la cual refirió “que no está en cuestionamiento el estado de gestación de la agente, pero que se debe entender que la carrera y los derechos de los servidores policiales está normada y regulada para todos; indistintamente del sexo o sus condiciones”.

Es decir, dentro de la institución policial es lo mismo tramitar un traslado de un hombre policía que el de una mujer policía embarazada. El artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador indica que las mujeres en estado de gestación “deben recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados”.

Como si no fuese poca la comparación entre un policía hombre y una agente policial en estado de gestación, la defensa técnica de la comandancia, zona 4, explicó, con un gran ejemplo, los motivos que llevan a la institución a abstenerse de movilizar de una provincia a otra a agentes policiales en estado de gestación o permiso de lactancia: 

Estas denuncias también fueron presentadas ante el Ministerio de la Mujer, a través de un oficio emitido por la CDH el pasado 4 de abril, pero la cartera de Estado ha guardado silencio sobre los casos. Este Diario insistió por una versión de la Policía Nacional, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En el caso del Ministerio de la Mujer se ha pedido una entrevista con su titular, Paola Flores, desde el 1 de marzo en referencia a otros casos de Derechos Humanos, cárceles, femicidios y derechos de mujeres, pero tampoco hay contestación.

Hoy por hoy, las agentes que compartieron sus casos a este Diario se encuentran con descanso médico. Sin embargo, temen que, una vez que culmine, sean trasladadas a otra provincia; con sus hijos recién nacidos o lejos de su núcleo familiar.

• En una primera publicación, este Diario refirió que el patrocinio legal de las servidoras policiales lo daba el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo que no es correcto, el amparo legal a las agentes en estado de gestación lo realiza el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Pedimos disculpas a nuestros lectores.