El Pleno huye de la politica
Yachay, la deuda pública, el juicio a Gustavo Jalkh... los asambleístas no paran de debatir estos temas en los pasillos. Pero en el Pleno hablan del huracán Irma.
A nada le teme más el bloque oficialista que al debate político en el Pleno de la Asamblea. En las oficinas, en los pasillos, en los balcones donde se reúnen los fumadores, hasta en los baños se discuten con vehemencia los temas del momento: la consulta popular, el fraude de Yachay, la posibilidad de llevar a juicio político al presidente del Consejo de la Judicatura, los despropósitos de la política exterior ecuatoriana, la definición de deuda pública... De eso se habla en todos los rincones de la sede legislativa. En todos menos en uno: el salón del Pleno. Cuando la oposición hace un esfuerzo por debatirlos ahí, los de PAIS los remiten a las comisiones, donde se garantizan un debate de bajo perfil, restringido y bajo su control.
El mismo presidente de la Comisión de Educación, Augusto Espinosa, que la víspera proclamaba la necesidad de confrontar las versiones contradictorias de la anterior y la actual administraciones de Yachay, hoy se niega a hacerlo aquí. El asambleísta Pedro Curichumbi (CREO), con su oratoria pausada y su afinada voz de locutor radiofónico, había pedido la comparecencia ante el Pleno de Augusto Barrera y René Ramírez, secretario y exsecretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, respectivamente, con el fin de conocer ambas versiones. Y fue Espinosa (entre los abucheos de la mitad de la sala) quien salió al paso con el argumento incomprensible de que “no hay que trasladar eventos políticos” al Pleno de la Asamblea. ¿A dónde, entonces? A la comisión que él preside, pues, donde se garantiza el tratamiento técnico del tema. Porque la ineficiencia, el engaño y la corrupción en Yachay, se sobreentiende, nada tienen que ver con la política.
A la hora de evadir debates Doris Soliz puede ser aún más esquiva. Ayer, Fernando Callejas (CREO) barajó una serie de preguntas que muchos en el Ecuador se están planteando: ¿cómo es posible que la canciller, María Fernanda Espinosa, contradiga al presidente sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela? ¿Qué pasa con Unasur, para qué sirve? ¿Con qué criterios se elige a los funcionarios del servicio exterior? ¿Se ha convertido la Cancillería en una agencia de empleos del partido de gobierno? Y pidió la comparecencia de Espinosa para que explique estas cuestiones.
No, dijo Soliz. Nada de eso debe tratarse aquí. Ya se explicará Espinosa ante la comisión respectiva (la de Relaciones Internacionales, que ella preside) mediante informe reservado. Es decir, según la asambleísta, esas cuestiones son secretas. Una vez que se haya recibido el tal informe reservado, “con mucho gusto me reuniré con el señor Callejas para contarle”. El público nada tiene que ver con esto.
Hasta la lucha contra las drogas provoca suspicacias entre los oficialistas. Mayra Montaño (PSC), con voz entrecortada y el coraje para admitir que su familia es víctima de las drogas, pidió exhortar al presidente a reforzar las políticas de prevención. A María José Carrión le tocó explicarle que este no es lugar para tratar el tema. ¿Cuál, entonces? La Comisión de Fiscalización, que ella preside, ¿cuál otro? Ya se llamará allá a la secretaria antidrogas para que se explique.
Luego los asambleístas salen a los pasillos, a las oficinas, al balcón de los fumadores, a los baños... Y debaten con vehemencia los temas del momento: la consulta popular, el fraude de Yachay, el juicio político contra Gustavo Jalkh, la definición de deuda pública... Y el Pleno empieza la discusión de aquellos temas para los que ha quedado: una ley contra incendios o una declaración de solidaridad con las víctimas del huracán Irma. ¿Y la política? Desde que el organismo político por esencia de la nación decidió huir de ella, la política se trata a puerta cerrada.
