“Quitar un edificio patrimonial es como quitarse un diente. La boca nunca vuelve a quedar igual”, asevera enfático el arquitecto Pablo Lee.

El experto en inmuebles patrimoniales llegó ayer hasta los bajos de una casa de ese tipo que ha estado en el centro de la polémica en los últimos días.

La vivienda, ubicada en Imbabura y Panamá, perdió un pilar el pasado martes y desde entonces ha estado atrapada en el limbo. El Municipio de Guayaquil ha declarado que la demolerá, mientras que el Instituto de Patrimonio Cultural (INPC) se aferra a los estatutos de la Ley de Cultura para evitarlo.

Para Lee, el impase es mayor porque personalmente ha desbaratado una veintena de inmuebles emblemáticos, moviéndolos tabla a tabla hasta el Parque Histórico, o renovándolos por dentro y por fuera.

Él y otros expertos abogan para que la vivienda se preserve y concuerdan en que prevalezca la ley nacional, que establece como ilegal la demolición.

Lucho Mueckay, titular del INPC, es más enérgico: el Cabildo puede llegar a derrocarla, pero las sanciones no se harán esperar. “El documento es claro en que el ente rector es el ministerio. Es de conocimiento público que hay sanciones si no se cumple con el procedimiento”, señaló.

Pero la casa de Imbabura y Panamá está lejos de ser la única vivienda patrimonial en el limbo. Un informe de Patrimonio al que tuvo acceso este Diario determina que, tras el terremoto de abril de 2016, otros 17 inmuebles presentaron daños y fisuras. De estos, solo siete han sido intervenidos o se han realizado estudios técnicos para iniciar su reparación.

Según el informe, hasta ahora dos iglesias, el edificio de El Telégrafo, la Gobernación, dos casas en la avenida 9 de Octubre, el propio Palacio Municipal y la Casona Universitaria han avanzado en el proceso.

Las demás continúan con daños, muchas de ellas porque no cuentan con ingresos para empezar los trabajos.

La Catedral de Guayaquil, que no entra en este documento, es también otro bien con graves afectaciones que no ha recibido una solución a largo plazo y que no cuenta con el presupuesto ($ 5 millones) para llevar a cabo los arreglos.

No existe una ordenanza que ampare a estos inmuebles, ni una dirección que se dedique a su reparación.

La competencia es legalmente del Cabildo, según lo determinado por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

Pero más allá de la polémica, expertos y ciudadanos esperan que alguien repare los daños.

El urbanista Alfredo Cevallos, responsable de la restauración de viviendas en Cuenca y Quito, considera que el costo debe ser lo de menos.

Reconoce que un edificio patrimonial “siempre es un gasto”, porque requiere mantenimiento e intervenciones cada tantos años. “Pero es un legado vivo de una ciudad. Al final, si no se reparan no pierden solo los arquitectos o los historiadores, perdemos todos porque perdemos la identidad”.

Las protestas inundan las redes

Las críticas no se hicieron esperar. Tras el anuncio del Cabildo, los guayaquileños llevaron su enojo a las plataformas de Internet. Facebook y Twitter se llenaron de mensajes dirigidos al Municipio porteño. “El patrimonio cultural tiene que y debe conservarse para que las nuevas generaciones sepan de dónde venimos y a dónde vamos”, señaló Jorge Ramírez. “No puedo creer que la van a demoler. ¿Por qué no se hizo como con la Casa Rosada y se desmontó la villa?” preguntó Jefferson Mejía.

Fabrizio Peralta precisó que el Cabildo, en el pasado, había intervenido otras casas similares. “Sé personalmente que en la Casa Tola, en Escobedo y 9 de Octubre, se reemplazaron los soportales, así que sí hay antecedentes”, comentó.

Arquitectos y urbanistas también expresaron su inconformidad con la decisión e indicaron métodos para evitar derrumbar la villa. Varios de ellos llamaron a un plantón hoy a las 16:00 en los exteriores del inmueble.