Organizaciones feministas y defensoras de los derechos de la mujer llamaron este miércoles al Estado de El Salvador a "tomar responsabilidad" en el caso de una mujer que sufrió una emergencia obstétrica y que fue encarcelada por aborto, tras una sentencia emitida el martes por La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La Corte IDH condenó a El Salvador por la detención y posterior muerte de "Manuela", que sufrió una emergencia obstétrica y que fue sentenciada a 30 años de prisión, y lo declaró responsable internacionalmente por las violaciones a la libertad personal, las garantías judiciales, igualdad ante la ley, el derecho a la vida, entre otros aspectos.

La activista Morena Herrera, miembro de la Colectiva Feminista, explicó en una rueda de prensa que el Estado salvadoreño "no puede apelar" dicha sentencia y que las medidas que se han dictado son de "obligatorio cumplimiento", ya que la sentencia es vinculante.

Señaló que "el Gobierno, en nombre del Estado, tiene la responsabilidad de reparar a la familia de Manuela" e indicó que se ha establecido un año para se cumplan ciertas medidas y para otras se ha dado un plaza de dos años.

Herrera detalló que una de las medidas de reparación contempladas en la sentencia es que el Gobierno debe "realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional, un acto que debe de ser acordado con la familia de Manuela en calidad de víctima y con las organizaciones litigantes y que debe reparar de manera integral a la familia de Manuela".

Amplió que, entre otras medidas, el Estado también está llamado a "establecer modificaciones legislativas y políticas públicas de no repetición para que nadie sufra una situación similar a la de Manuela" y a "garantizar la atención integral en caso de emergencias obstétricas".

"Al primer año (el Gobierno) debe de presentar, en nombre del Estado, cuál es el nivel de cumplimiento (de la sentencia)", acotó.

Herrera añadió que ya se ha diseñado un plan de seguimiento con las organizaciones litigantes, junto con la familia, y que esperan que las próximas horas la representación del Estado, a través de la Cancillería, "se pongan en comunicación con nosotras y con la familia".

"No pueden apelar a las decisiones de la Corte, (porque) es su obligación cumplirlas", subrayó.

Para la activista dicha sentencia "es una buena noticia para las mujeres en El Salvador" y enfatizó que "este Gobierno, el actual Gobierno, tiene la oportunidad de reparar a la familia de Manuela en representación del Estado, tiene la oportunidad de establecer medidas para que hechos como estos no se vuelvan a repetir".

"EL NOMBRE DE MI MAMÁ SE HA LIMPIADO"

Uno de los hijos de "Manuela", identificado simplemente como "Jesús", dijo sentirse "agradecido" y señaló que se "ha hecho justicia".

"Me siento muy agradecido por lo que la Corte ha hecho con lo de mi mamá, se ha hecho justicia, el nombre de mi mamá se ha limpiado y me siento muy orgulloso por eso", expresó el joven.

Señaló que la sentencia "nos hace entender que lo que hicieron con mi mamá no estuvo bien, no investigaron que ella estaba enferma, que podía dejar a sus hijos huérfanos, ellos hicieron una injusticia".

Manuela fue detenida "en flagrancia" mientras recibía atención medica, fue condenada a 30 años de prisión en agosto de 2008 y en abril de 2010, a los 33 años de edad, murió a raíz del cáncer que padecía y que, según la demanda, tampoco fue tratado adecuadamente.

En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y tipificado como homicidio agravado, cuya pena de cárcel es de 30 años.