El exgerente de Refinación y exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yannuzzelli volvió a tribunales.

El presunto sobreprecio en la contratación del proyecto para la Recuperación de Condensados en la Refinería de Esmeraldas motivó el nuevo juicio que se instaló ayer en el Complejo Judicial norte de Quito.

El fiscal Mario Salazar acusó a Pareja como autor del delito de peculado. Señaló como coautores del ilícito al exgerente de Petroecuador Álex Bravo, al exfuncionario Diego Tapia y el empresario Jorge Vivar. Los cuatro estuvieron presentes en la sala y serán juzgados por los jueces Daniel Tufiño, María Mercedes Suárez y Edmundo Samaniego.

El fiscal explicó al tribunal que en el juzgamiento probará que hubo irregularidades en la adjudicación del contrato, que se atentó contra los principios de transparencia y trato justo.

Recordó que se formó una comisión de análisis de las ofertas presentadas por tres empresas y que la firma Worley Parsons dio el visto bueno para la contratación de Vivar. Según el fiscal hubo un perjuicio de 3,7 millones que se dejó de cobrar en multas por el incumplimiento en el que habría incurrido la contratista.

La funcionaria de la Contraloría fue la primer testigo de la Fiscalía. Ella relató cómo se establecieron los indicios de responsabilidad penal en el caso.

Pasado el mediodía hubo un receso. Los defensores de los procesados están seguros que en el juicio se probará la inocencia de sus clientes.

Juan Pablo Torres defiende a Jorge Vivar. Según él, el informe de Contraloría no contiene los análisis que corresponden a un proceso contractual y de ejecución. Tampoco analiza los incumplimientos de Petroecuador. Dijo que es ilegal porque la Ley de la Contraloría impide auditar procesos contractuales en ejecución y eso es lo que se hizo en este caso.

Diego Velasco, abogado de Bravo, insistió que su defendido en este caso en particular no tuvo ninguna participación. Aseguró que por su nombre se le vinculó y por la trascendencia mediática que podría significar el no hacerlo.

Insistió que Bravo no fue administrador, no suscribió ni generó la necesidad y tampoco formó parte de la comisión técnica. Ratificó que ninguno de los miembros que tuvieron participación en el caso se encuentra procesado. Lenin Pérez, defensor de Tapia, se mostró tranquilo porque en las conclusiones del informe ni siquiera se nombró a su defendido.

Miguel Revelo, abogado de Pareja, insistió que los procesos de contratación no estuvieron a cargo de su cliente.

En octubre del 2017, Pareja fue condenado a seis años de cárcel por asociación ilícita. También recibió una sentencia por enriquecimiento ilícito. Bravo también fue sentenciado por corrupción en Petroecuador. Hasta el cierre de esta edición la audiencia continuaba.