Sobre una gran extensión de tierra árida, entre los límites de las provincias de Loja y Azuay, se desarrolla el proyecto eólico Minas de Huascachaca, que aportará al país 50 megavatios de energía. El Estado deberá pagar $ 92,9 millones por su construcción. El 21 de marzo de 2018, Elecaustro y el consorcio HIDROCR (proveedor) suscribieron un contrato inicial para la fase dos de la ambiciosa obra.

Esta fue la contratación estatal de mayor monto en el año que fenece. En total, las compras de bienes y servicios del Estado sumaron $ 3.970’198.206,89, de acuerdo a lo que reporta el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop). La cifra representa una caída del 19,4 % en contraste con los $ 4.926’068.998,36 del año 2017.

Continúa así el declive de las compras públicas, cuyo comportamiento experimenta una paulatina contracción desde 2013.

En 2018, el país redujo el presupuesto para la obra pública y servicios. Las menores compras impactaron, sobre todo, en la empresa privada que contrata con el Estado y en el empleo.

El ranking nacional de mayores contratantes y proveedores presentó, asimismo, algunas particularidades en el año que termina.

Petroecuador, organismo que históricamente ha liderado el grupo de mayores compradores, hizo restricciones en el año y fue relegado al segundo puesto. La petrolera efectuó compras por $ 136,9 millones. La Municipalidad de Guayaquil pasó al primer lugar, con $ 240,4 millones en adquisición de bienes y servicios.

En ese grupo de entidades contratantes también destacan las empresas públicas CNEL ($ 136 millones) y Celec ($ 100,1 millones) y la Prefectura del Guayas ($ 117,4 millones).

Otra variación destacada en el ámbito de la contratación pública es la desaparición de las empresas estatales chinas entre los grandes proveedores del Estado. Aparece apenas una, China CAMC Engineering, con contratos por $ 50,4 millones. En este año el Servicio de Contratación de Obras (Secob) la contrató para construir el hospital público de Chone.

Aparece como el mayor contratista la empresa privada Licosa, con $ 90,8 millones, que corresponden a cuatros compromisos contractuales con el Municipio de Guayaquil. El más importante: la prestación de la disposición final de los desechos sólidos no peligrosos en el Primer Puerto, por $ 89,7 millones.

Seguros Sucre continúa como el mayor organismo estatal beneficiario de contratos. Tuvo negocios por $ 89,6 millones con 448 entes, todos del ámbito público.

La difícil situación económica y financiera del país hace prever que en 2019 la contratación pública seguirá con su tendencia decreciente.

$ 8,5 millones en contratos suspendidos

Del total contratado en 2018, los reportes del Sercop indican que los mayores montos corresponden a procesos de subasta inversa electrónica ($ 1.017’280.352), licitación ($ 725’506.790), contratos entre entidades públicas o sus subsidiarias ($ 467’851.550) y cotización (449’381.565).

Pero no todas las contrataciones concluyeron satisfactoriamente. Por mutuo acuerdo entre contratantes y proveedores se puso a fin a 18 compromisos por $ 6’127.010,27. Así también, 20 contratos fueron terminados de manera unilateral. Estos suman $ 2’422.223,83.