Las historias y cifras de acoso, abuso sexual y violación en establecimientos educativos provocan escalofrío.

Los números los proporciona el mismo Ministerio de Educación. Son 882 casos reportados entre el 2014 y 2017, de los cuales 321 fueron cometidos por personas externas al sistema y 561 por personas vinculadas (ver infografía).

Los más recientes son los abusos perpetrados en contra de cinco niños de entre 6 y 8 años del colegio réplica Aguirre Abad, de Guayaquil, por parte de profesores de la secundaria, quienes los encerraban en el baño para manosearlos, tomarles fotografías y obligarlos a tomar orine. Hay 10 denuncias más presentadas en la Fiscalía que están siendo investigadas.

Pero si la perversión daba clases en el réplica Aguirre Abad, la negligencia administrativa la amparaba. Todos lo sabían y nadie hizo nada.

El ministro Fander Falconí reconoce que existió “omisión y negligencia” por parte de las autoridades del plantel y del distrito educativo. Las sospechas sobre lo que ocurría en el establecimiento fueron presentadas en mayo pasado.

“El Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) entregó dos informes a la rectora del plantel, el uno el 30 de mayo y el segundo el 6 de junio. Ella pasó el documento al Distrito Educativo, el cual solo procedió a devolverle el documento, sin hacer nada”, dijo en Quito.

A esto se suma la actuación de las autoridades del plantel que impidieron el ingreso de la Fiscalía y la Policía Especializada en Niños (Dinapen) para cumplir con la diligencia y apresar a los presuntos autores del delito contra los menores.

De los cuatro maestros sospechosos, uno fue detenido la semana pasada y dos fueron apresados la tarde de ayer en las propias instalaciones del establecimiento, ubicado en la vía a Daule. El último, Egry M., de 39 años, está prófugo y el Ministerio del Interior lo colocó en la lista de los más buscados. Ofrece una recompensa de 10.000 dólares a quien informe sobre su paradero.

La rectora, la vicerrectora y el inspector general fueron separados de sus cargos y se procedió a intervenir el plantel.

Educación anunció que se han tomado decisiones, no solo por lo sucedido ahora en Guayaquil, sino también por los casos suscitados en Quito en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Travesari (Ampetra) y en el Colegio La Condamine, donde también se dieron casos de abuso escolar.

Afirmó que desde hace dos meses ordenó la intervención en todo el sistema educativo público y privado para que se inicien los procesos de evaluación psicosométrica y psicológica a profesores, sector administrativo y de apoyo (conserjes, entre otros).

Policía, Fiscalía y psicólogos colaboran

Un operativo a cargo de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), realizado la tarde de ayer, permitió la detención de dos docentes implicados en una supuesta violación a niños de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad.

Neill B. y Máximo M., docente de inglés e inspector general del plantel, respectivamente, se suman a la lista de detenidos por las autoridades para las investigaciones en este caso. El viernes pasado fue detenido Bryan M., profesor de Educación Física, también implicado.

El operativo fue seguido por un grupo de padres de familia a través de las rejas de la puerta principal del plantel.

Al establecimiento también llegó el fiscal César Peña, para solicitar documentos al nuevo rector e interventor del plantel, nombrado por el Ministerio de Educación.

Equipos de abogados y psicólogos, de varias instituciones públicas y privadas, colaboran con las valoraciones a todos los estudiantes y educadores.

Todos ellos se reunieron a puerta cerrada para delinear los procedimientos que seguirán en el caso.

Nelson Loor designado interventor

Nelson Loor fue designado por el Ministerio de Educación como interventor de la Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad, para brindar todas las facilidades judiciales con el fin de esclarecer los hechos.

El interventor se encargará, además, de velar por el desarrollo de las labores académicas internas del plantel y reportar a las autoridades educativas el avance de las acciones administrativas y judiciales que se efectúen en el juzgamiento del presente caso.

Hasta el jueves pasado Loor se desempeñó como rector del emblemático colegio Vicente Rocafuerte. Hace tres años ocupó las mismas funciones en la Unidad Educativa Réplica Simón Bolívar.

Incluyen a la rectora y más autoridades

Paralelamente a la investigación por los presuntos abusos sexuales en el réplica Aguirre Abad, el fiscal César Peña, quien investiga el caso, abrirá otro expediente en contra de la rectora, por obstrucción a la justicia. Ella impidió el acceso del fiscal y de la policía para detener a los implicados.

La rectora, quien ha señalado que presentó una denuncia, documento que no aparece, sería imputada por fraude procesal. Podría encarar una pena de 1 a 3 años de cárcel.

Pero la investigación se extendería a otras autoridades del plantel que, a pesar de conocer las denuncias de los padres, no hicieron algo para frenar el abuso.

“Mi hijo decía que se quería morir”

La indignación se reflejaba en sus rostros. Bajo un intenso sol, con pancartas en mano y pidiendo a gritos justicia por los niños abusados, padres de familia del colegio réplica Aguirre Abad hicieron un plantón en las afueras de la institución.

Entre ellos estaba Marjorie. Su pequeño fue una de las víctimas. Al principio, su hijo le comentó que uno de sus compañeros era abusado. Ella fue a la institución a denunciar el caso por el niño afectado. Sin embargo, quince días después la noticia que menos se esperaba llegó. Su hijo le confesó que los maestros acusados abusaban de él cada día.

Buscó ayuda con la rectora del plantel, Patricia Cuenca, pero asegura que ella le pidió que “no haga escándalo”. Se enteró también que el padre del compañero afectado de su hijo no había sido notificado de la situación. Es por esto que la acusa de encubridora y pide que también sea aprehendida.

Otro de los niños cambió su comportamiento. Se volvió más agresivo y llegó a decir incluso que se quería morir. “Nosotros pensábamos que estaba celoso por el nacimiento de su nueva hermana”, pero lo que desconocían es que el infante estaba siendo víctima de abuso.

En medio de la desgracia, hay otros que contaron con más suerte. Uno de los niños fue encerrado en el baño y amarrado como castigo por resistirse a beber la orina. Qué pasaría después es incierto porque en la puerta se escuchó una patada que obligó a los profesores a dejar a la criatura.

Una madre quiere hablar. Su niño de siete años logró escapar de uno de los acusados porque salió corriendo del baño. Pero el padre se opone, por lo que su caso será otro más de los que nadie se atreve a contar.

A Mónica Páez, presidenta de los padres de familia del curso en el que estaban los alumnos afectados, se le quebraba la voz mientras hablaba, pero a la vez era firme en su intención de no permitir la impunidad.

El grupo dijo que tomarán más acciones y enviarán una carta al presidente Lenín Moreno, en busca de apoyo.