Durante el período de elecciones, algunos de los diferentes grupos que intervienen en el proceso suelen cometer una serie de trampas pequeñas, y también de las otras, para hacer presumir a los electores que cuentan con respaldos importantes.

Así, algunos presentan fotos de sus actos públicos, pero ninguna de ellas contiene una visión panorámica de la presencia popular, y la trampa consiste en publicar gráficas en las que aparecen directivos y candidatos, copando un gran espacio en los medios, especialmente escritos, con lo cual evitan demostrar su carencia de adhesión popular.

Otros van más allá de una simple trampa y contratan a empresas de muy dudosa competencia para encargarles que hagan una supuesta investigación de las adhesiones y aparecen con índices altísimos de respaldo popular, cuando en realidad apenas poseen una pequeña parte de adhesión de los ciudadanos en aptitud de votar.

De este modo, al candidato fulano se le da falsamente un porcentaje de preferencia que lo coloca a la cabeza de los postulantes o, cuando menos, en una situación expectante que no es, ni mucho menos, una fotografía de la realidad.

Bien ha hecho el organismo rector del sufragio en obligar a las encuestadoras a inscribirse y a aportar pruebas eficientes de su capacidad y de su honradez, especialmente. Ya se ha visto en numerosas ocasiones que los pronósticos de determinadas encuestadoras fallan estrepitosamente, cuando las urnas arrojan los resultados reales, y no solo por falta de capacidad verdadera, sino peor y más grave aún, por falta de honestidad.

El sufragio popular es una demostración de la verdadera realidad de los candidatos y alterar esa realidad por una suma de dinero es una estafa de las más viles e imperdonables, porque no se trata solo de un perjuicio grave para las candidaturas serias, sino para la objetividad y la verdad de las propuestas, de los análisis y de la valoración de cosas trascendentales para la vida de la nación, que se mixtifican y se alteran con la publicación de encuestas amañadas.