Penas que no guardan proporcion con delitos
La Defensoría ha conocido, al menos, 18 casos. Son por robo de celulares, una billetera con cinco dólares, un radio de carro. También hay por drogas en cantidades pequeñas, asociación ilícita e ingreso de artículos a la cárcel. Las penas llegaron hasta
Luisa Lozano y Amable Angamarca, defensores de Derechos Humanos, “recibieron una sentencia desproporcionada”, afirma el defensor público general Ernesto Pazmiño.
Ellos fueron detenidos con otros 28 miembros de la comunidad de Saraguro en Loja en agosto de 2015. Recibieron cuatro años de cárcel por obstaculización de servicio público, durante las protestas impulsadas por el movimiento indígena.
Su caso se suma a otros que la Defensoría Pública General considera ‘desproporcionados’. Esos van desde robos de tarros de leche, desodorantes, celulares o champú. Darguin fue acusado por el robo de un tarro de leche y cuatro desodorantes en una farmacia del sur de Quito, el 24 de junio de 2013. El monto no superaba los 34 dólares.
Se le atribuyó robo agravado y podía ser condenado hasta a siete años. Darguin reconoció el delito pero argumentó las necesidades familiares: tenía un hermano con un derrame cerebral.
Estuvo 114 días preso mientras se desarrollaba el proceso. Al final la Fiscalía se abstuvo de acusarlo y fue declarado inocente. Pero su hermano murió mientras él estuvo en la cárcel.
La Defensoría ha conocido, al menos, 18 casos. Son por robo de celulares, una billetera con cinco dólares, un radio de carro. También hay por drogas en cantidades pequeñas, asociación ilícita e ingreso de artículos a la cárcel. Las penas llegaron hasta a 34 años (ver cuadro).
El jurista Cristóbal Buendía consideró que el principio de proporcionalidad desde la sana crítica no está siendo considerado “seguramente por desconocimiento al momento de aplicar la ley”. Aclaró que defiende el delito que cometieron esas personas que debían recibir sanción, pero no la que les fue impuesta.
Ricardo Camacho, experto en seguridad, señaló que “los ciudadanos han visto con tristeza cómo personas acusadas de lavado de dinero o robo de dinero por un proceso abreviado salen en un año. Eso en contraposición con otras que por un teléfono van tres o más años a la cárcel”.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, cree que debe verificar la información. Según él, una cosa es decir que alguien robó un champú y le han condenado a tantos años, pero se ha comprobado que es parte de asociación ilícita, de una red o ha usado fuerza.
Pero, “si fuese eso cierto, la primera situación que tendríamos que ver es qué calidad de defensa pública tenemos”, dijo ante una consulta de EXPRESO. Otra de las opciones es, que si se cree que la sanción es muy fuerte “lo que procede es una reforma legal sobre la base de un análisis objetivo”.