Un novísimo aspirante a la presidencia de la República, Iván Espinel, propone la implementación de la pena de muerte en nuestra legislación penal y el candidato Guillermo Lasso plantea modernizar las leyes actuales para permitir que los campesinos puedan portar armas en el campo, lo que de hecho equivaldría a incluir la pena de muerte en el país, aun antes de un proceso judicial.

Por varias décadas fui militante de Amnistía Internacional (AI), institución de derechos humanos que siempre ha estado en contra de ese bárbaro castigo que en algunos países ha llegado a la ejecución de quienes no habían cumplido 18 años cuando cometieron el delito, o a su aplicación a personas que padecen de enfermedad mental, o que antes de ser ejecutadas permanecen durante años en el llamado “corredor de la muerte”. La pena de muerte es “cruel, inhumana y degradante”, sin ninguna duda. AI trabaja para poner fin a las ejecuciones desde 1987, cuando solo 9 países habían abolido la pena capital. Hoy en día esa cifra asciende a 140 países, casi dos tercios del total mundial. Algunos de los países que aplican la pena capital tienen sistemas judiciales profundamente cuestionables, si no injustos. China, Irán e Irak lo hacen en procesos y circunstancias por lo general muy poco claras y muchas se basan en “confesiones” obtenidas mediante tortura. Obviamente la pena de muerte vulnera los derechos humanos fundamentales: derecho a la vida y derecho a no sufrir tortura, ambos protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada en 1948 por las Naciones Unidas. Y aunque el derecho internacional dispone que puede imponerse “por los más graves delitos”, como asesinato y de “lesa humanidad”, AI, así como muchos internacionalistas y estudiosos del derecho, considera que la pena de muerte nunca es la solución. Con todo, lo más peligroso en cuanto a la invocación sistemática de medidas extremas para combatir los delitos quizá radique en que, para justificarlas, se invoquen los más altos intereses del país y que la protección de la seguridad jurídica de los ciudadanos pase a ser la principal promesa de campaña presidencial, por sobre la satisfacción de las profundas y reales necesidades de la población. . .

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