Pekin crece a golpe de desahucios forzosos

Tamara Gil Pekín / EFE

Una llamada de un vecino a las 05:00 despertó a Wang con la peor de las noticias: iban a demoler el edificio con ellos dentro. Llevaban un año amenazándoles para que se fueran de sus viviendas y, sin previo aviso, habían comenzado a tirarlas abajo en plena madrugada.

“Me he quedado sin casa, sin nada”, lamenta Wang Haixia frente a un edificio a medio derruir, con habitaciones partidas literalmente por la mitad, entre un amasijo de hierros, cristales y cemento en una de las zonas más humildes de Pekín. Aquí, a una hora en coche del centro de la urbe, residen o residían muchos ciudadanos de otras provincias que se mudaron a la gran ciudad en busca de una nueva vida.

Wang, de unos cincuenta años y oriunda de Shandong, regentaba un pequeño comercio, pero salió con lo puesto de su apartamento y dejó atrás las mercancías que guardaba en casa. En plenas fiestas por el inicio del Año Nuevo lunar, la mujer no puede evitar sentir una profunda tristeza.

En el inmueble llegaron a vivir 150 familias, pero la mitad decidió marcharse este último año cuando empezaron los cortes de luz o de agua.

“Nos molestaban cada día: tapando cerraduras, rompiendo ventanas...”, explica Wang junto a otros residentes que quieren denunciar la situación frente a las cámaras. Al parecer, cerca de allí se construirá una nueva parada de metro y el terreno se ha revalorizado.

Hace dos semanas, 300 hombres, a quienes consideran parte de una mafia contratada por el gobierno local, entraron en las casas a “martillazos”. “Utilizaron extintores para dejar a la gente ciega y si alguno de nosotros intentaba rebelarse, le golpeaban”, afirman.

Pagaron 300.000 yuanes ($ 44.000) por vivienda y les prometieron una compensación de 100.000 yuanes ($ 14.000), pero aún no han recibido nada y temen que nunca lo harán.

Mientras tanto, han tratado de pedir responsabilidades a las autoridades, sin éxito. ¿Denunciarán? Se les pregunta, y Wang se encoge de hombros: “En China, los poderosos están por encima de la ley”.

A pesar de que el Gobierno ha anunciado nuevas medidas para proteger los derechos de la ciudadanía, los abusos continúan por todo el país, subrayan activistas.

Amnistía Internacional (AI) alertaba en un informe de 2012 del “auge” de los desahucios forzosos por la venta de los terrenos a constructoras por parte de autoridades locales y documentaba una decena de muertes ocurridas durante demoliciones.

Una de las consecuencias de estos desalojos es la inestabilidad social, pues los afectados se convierten en “peticionarios”, ciudadanos que pasan sus días buscando justicia, comenta Patrick Poon, investigador de AI.

En un caso reciente, un campesino, Jia Jinglong, mató con una pistola de clavos al alcalde de su municipio dos años después de sufrir un desalojo, que ocurrió cuando él estaba dentro y a 18 días de su boda. Jia fue agredido al tratar de oponerse a la demolición y estuvo dos años pidiendo una compensación adecuada. Fue ejecutado.

Muchos afectados contratan a abogados para lograr una compensación, “pero en muchos casos es difícil conseguir un resultado favorable debido a la connivencia de las autoridades locales con las constructoras”, aclara Poon.

Las ruinas por las que pasea Wang dan muestra de ello, y quizá por eso la policía aparece por sorpresa al encuentro de residentes y periodistas, generando nervios entre los primeros y la salida de los segundos.