Paso abierto a consulta por los paraisos fiscales

Algunas luces en el trámite. La Corte Constitucional informó, en su página web, que los jueces “conocieron y aprobaron una consulta popular”.

Fue en la sesión del martes. En el orden del día, solo constaba una causa de ese tipo, identificada con el código 0001-16-CP: el pedido de consulta hecho por el presidente de la República, Rafael Correa.

Hasta el cierre de esta edición, el organismo constitucional no dio más detalles sobre la resolución, pese a los reiterados pedidos de EXPRESO.

Sin embargo, este Diario contactó al juez constitucional Francisco Butiñá, quien confirmó que efectivamente en el caso de la consulta solicitada por el primer mandatario “se dio un dictamen favorable... Se tienen que hacer las notificaciones y la página web tiene que publicar la integridad del texto”, explicó.

El mandatario busca bloquear (con el voto de la ciudadanía) la posibilidad de que las personas que tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales puedan desempeñar una dignidad de elección popular o incluso ser funcionarios públicos.

Cuando presentó su propuesta, Correa incluso reconoció la “corruptela que encontramos en la Refinería de Esmeraldas”. Y es que, según él, los paraísos fiscales facilitan “la concentración de la riqueza y ahondan las desigualdades sociales”.

En el caso de Ecuador, apuntó que de acuerdo con cálculos $ 30 mil millones estarían en paraísos fiscales. Solo en 2014 y 2015 habrían salido $ 3 mil millones.

La Corte, según el procedimiento habitual, debe notificar al Ejecutivo su decisión para que este, vía decreto ejecutivo, convoque a la consulta. Con ese documento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe organizar el proceso.

La intención del jefe de Estado es que la votación se realice el mismo día de las elecciones generales, previstas para el 19 de febrero de 2017.

Si la pregunta planteada por Correa obtiene una mayoría de votos, empezará a correr un año de plazo para que los servidores públicos que tengan capitales y bienes en paraísos fiscales “acaten el mandato popular”. Si no lo hacen, será causal de destitución.

En ese lapso, la Asamblea Nacional también tendrá que reformar el Código de la Democracia y la Ley de Servicio Público, para adecuarlos al pronunciamiento popular.

La corte

Va a paso acelerado

El constitucionalista quiteño Rafael Oyarte destaca que, en este caso, el pronunciamiento de la Corte Constitucional ha sido bastante acelerado en comparación con otras causas que demoran hasta años.

Si se han apurado tanto en emitir un dictamen por los plazos constitucionales, explicó, es porque remitido el proyecto de consulta con el dictamen de la Corte al CNE, este tiene 15 días para la convocatoria y entre convocatoria y acto de consulta deben mediar 60 días. Es decir, la convocatoria debería ser el 19 de diciembre.

El dato

Pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?