Durante el paro se planifico la destruccion de la Contraloria
El contralor Pablo Celi afirma que fue un acto delincuencial. Los sospechosos del incendio conservaron en sus celulares los rastros de las órdenes recibidas.
La Contraloría tiene gran memoria histórica que no se destruye con atentados. Lo dijo ayer el contralor subrogante, Pablo Celi, en un acto que incluyó la izada de banderas y recorrido por el edificio incendiado en el contexto de la protesta indígena.
Estuvieron presentes excontralores y otras autoridades. El incendio, al que los manifestantes impidieron el paso de los Bomberos, fue atribuido a una turba violenta. Celi dejó claro que fue un acto delictivo para borrar las evidencias de los hechos de corrupción y destruir la memoria documental de años de trabajo.
Insistió en que el ente de control ha sido “víctima de un ataque político, de una política siniestra que se enmascara y actúa con las manos del mercenariado criminal”. Y las investigaciones parecen dar la razón a Celi en que se habría tratado de un acto concertado “con el que pretendieron anular a los equipos de control haciendo uso de una situación caótica”.
Al menos 33 sospechosos fueron detenidos dentro del organismo aún en llamas. Entre ellos hay seis menores a quienes la Corte de Pichincha concedió medidas alternativas. Los que se encuentran detenidos tienen este sábado, a las 08:30, audiencia de apelación a la prisión.
La Fiscalía los investiga por presunto terrorismo. Hay cámaras que captaron sus actuaciones. Para identificar autores se hacen pericias en Criminalística.
Los celulares de los sospechosos fueron una fuente de elementos que la Fiscalía investiga. Al parecer quienes incendiaron la Contraloría no fueron protestantes espontáneos. El acto terrorista habría sido coordinado desde un chat de Whatsapp denominado ‘grupo Libertador’.
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Los dispositivos de los detenidos almacenaban mensajes que invitaban a ir a la ‘casa blanca’, dirigirse al ‘quinto piso’, no descubrirse los rostros y si eran detenidos debían destruir sus teléfonos.
La fiscal Diana Salazar, una de las invitadas a la izada de banderas en la Contraloría, señaló que hay una investigación formal que cuando se haya terminado se presentará el resultado ante los jueces. Los ciudadanos conocerán “la verdad de cómo se planificó, se concertó y se llevó a cabo” el atentado que no ocurrió solo en la Contraloría sino en otros lugares, manifestó.
En ellos, siguió la fiscal, “pudimos ver actos que no tienen que ver únicamente con la protesta sino que pasaron la línea de la resistencia y se convirtieron en hechos vandálicos”.
La planificación de intentos desestabilizadores fueron atribuidos por el presidente Lenín Moreno al correísmo y al régimen de Nicolás Maduro. La investigación a la prefecta Paola Pabón y al exasambleísta Virgilio Hernández, políticos vinculados a Rafael Correa abonan a esa teoría.
La fiscal señaló que se cuenta con abundante y contundente evidencia que permitió sostener la formulación de cargos y los pedidos de prisión. Aclaró que las imputaciones no son por tuits ni por sus manifiestos como indicó el martes en la Corte de Pichincha el abogado de Hernández, Ramiro Aguilar, sino por evidencia clara y contundente.
El contralor en su discurso agradeció a las instituciones que han acogido a los funcionarios que se quedaron sin una infraestructura en donde laborar. Recordó la importancia del trabajo de la Contraloría que significó la emisión de más de 5.500 informes para precautelar los recursos del Estado.
Indicó además que el resultado del trabajo del organismo de control fue el establecimiento de 10.500 responsabilidades administrativas, 6.400 civiles y 520 investigaciones previas derivadas de informes con indicios de responsabilidad penal.
Recalcó que no es un ente político sino técnico y profesional. Ofreció que la Contraloría renacerá de sus cenizas como el ave Fénix. Además va a perfeccionar sus mecanismos de trabajo con auditorías más técnicas. Se recuperará la infraestructura y tendrá medios técnicos avanzados.
Apelación para los detenidos
Este sábado, a las 08:30, está previsto que se resuelva en la Corte de Pichincha, la apelación a la prisión preventiva presentada por 14 procesados por el incendio a la Contraloría.
La diligencia fue convocada por la jueza Maritza Romero, ponente e integrante del tribunal de apelación junto con Dilza Muñoz y Wilson Lema quien subroga a Anacélida Burbano, quien el martes se reincorporó a su cargo.
La diligencia se realizará en la sala 6, piso 3, del organismo provincial.
La instrucción fiscal del caso concluirá la próxima semana. La Fiscalía recibe versiones y practica diligencias que buscan establecer los grados de participación de los sospechosos, apresados al interior de la Contraloría.
Fue en el segundo intento que un grupo de manifestantes logró destrozar las instalaciones del organismo de control. Ellos son investigados por supuesto terrorismo que se castiga con hasta 13 años de cárcel.
Antes otros manifestantes lo habían intentado. Hay cuatro procesados.
