Los saqueos, agresiones, actos delincuenciales, robos, asaltos, incendio de la Contraloría, atentados a la propiedad, intento de toma de un cuartel militar, entre otros, efectuados en el contexto de la protesta indígena dejaron 1.382 aprehendidos.

Pero de ellos recibieron cargos alrededor de 370 sospechosos que son investigados en 60 expedientes abiertos en 16 provincias. Los datos pudieran variar según los elementos que se recopilen en las investigaciones previas abiertas por la Fiscalía.

La mayoría de incidentes se registró en Quito con 207 procesados. En ellos se incluye a 27 adultos y seis menores que fueron apresados en el interior de la Contraloría tras el incendio que se registró en al menos tres pisos de ese organismo. Como evidencia se recopilaron bombas molotov, artefactos explosivos, palos, piedras, entre otros objetos.

La instrucción del caso durará 30 días y al momento se practican las pericias a celulares y otros dispositivos incautados a los sospechosos. 13 están detenidos, 14 tienen medidas alternativas y seis menores fueron aislados en el centro Virgilio Guerrero, norte de Quito.

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La Contraloría aún no ha establecido la afectación económica que generó el incendio iniciado el 11 de octubre y que continuó hasta el domingo 13. Los bomberos fueron impedidos de sofocar las llamas.

Los sospechosos son investigados por presunto terrorismo que castiga con entre 10 y 13 años a quien entregue, coloque, arroje o detone un artefacto o sustancia explosiva u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública, una red de transporte público o una instalación de infraestructura, con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales a las personas o con el fin de causar una destrucción material significativa.

Los hechos dejaron 1.507 personas atendidas en el sistema de salud del país. El Ministerio de Gobierno reconoce la existencia de seis fallecidos por accidentes o caídas. Mientras desde el sector indígena se habla de entre 10 y 12 muertos.

Franklin Bravo considera que el número de procesados no es de entera responsabilidad de la Fiscalía porque esta actúa con base en lo que hace la Policía. La Fiscalía puede pedir la calificación de la flagrancia y el juez no calificarla y declarar la detención ilegal, señala.

El jurista Nicolás Salas opina que la cantidad de procesados está bien en la medida que esos delitos hayan existido y que las personas hayan sido detenidas en delito flagrante. Estaría mal, señala, en la medida que sean detenidos sin elementos de convicción.

El exfiscal Fernando Lara cree que no es un problema judicial sino político al que deben encontrar una solución en ese nivel. Opina que deben haber sentencias, pero inmediatamente el presidente los debería indultar porque eso contribuye a la pacificación del país, “porque ciertamente hubo delitos y muertes que también deben ser investigadas”.