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El Parlamento Andino, un ente que le falta impacto

Las decisiones del ente no son vinculantes para los países miembros. Ecuador destinó $ 1,9 millones en su proforma de 2020 para este organismo regional 

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Cada lista de candidatos al Parlamento Andino tiene un límite de gasto electoral (pago de afiches, folletos, camisetas, y otros insumos) de $ 130.991,50.CORTESÍA

Se lo menciona cada cuatro años y nada más. El Parlamento Andino retorna a la vida de los ecuatorianos, sobre todo de los votantes habilitados, cada que se van a escoger a los cinco representantes del país ante este organismo regional. Luego de conocer a los ganadores, poco o nulo impacto tiene la gestión del ente en la vida cotidiana de los ecuatorianos y el resto de habitantes de la región.

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Fausto Lupera, exparlamentario andino ecuatoriano y expresidente del mismo órgano legislativo regional, considera que de entrada la idea que concibió al organismo empezó mal. Explica que el hecho de que las resoluciones o leyes que redacte no tengan carácter de vinculante para las naciones miembros le resta peso a sus decisiones y, por ende, a su impacto en la vida de los habitantes de la región. “Tiene una tendencia a desaparecer… se lo ha tomado como una cuota política: ya que no puede reelegirse a la Asamblea, que vaya al Parlamento Andino”, relata el también exdiputado.

Creación. El 25 de octubre de 1979 fue suscrito el Tratado Constitutivo.

El exvicecanciller y experto internacionalista Marcelo Fernández de Córdova, explica que el Parlamento fue creado por el Grupo Andino como parte del proceso de integración de los países miembros, pero que se ha desintegrado poco a poco. Fue concebido como una especie de Parlamento Europeo, que redacte leyes de carácter obligatorio para los países. “Pero la acción que ha desarrollado en los últimos años es poca y no hay la voluntad política para que el proceso de integración avance en la forma deseada: lograr una verdadera comunidad andina y comercio común… Ahora nadie habla del Parlamento Andino… Está perdido. Hay que analizarlo”.

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Al menos desde 2013, con la presencia del socialismo del siglo XXI en gran parte de los países de la región, las voces de eliminar el Parlamento tomaron fuerza. Los cancilleres de la comunidad, reunidos en Lima, Perú, acordaron eliminar esta instancia del sistema andino. El entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en septiembre de 2013, dijo que el Congreso de su país iniciará el proceso para cerrar la institución. “El Parlamento Andino no tiene función, es demasiado costoso”, dijo el entonces mandatario.

Otra estocada llegó hace poco desde Ecuador. El presidente Lenín Moreno, en los recortes presupuestarios anunciados en mayo pasado, anunció el cierre de algunas embajadas, consulados y de dependencias extranjeras, entre ellas, la Secretaría Nacional del Parlamento Andino (aunque esto abrió un debate sobre si el presidente tiene la potestad de eliminar una Secretaría que no solo depende de Ecuador). En la proforma presupuestaria de 2019, el organismo recibió de Ecuador 2’050,014 dólares ; mientras que en la del 2020 la cifra bajó a 1’866.670 dólares.

Misión. Armonizar las legislaciones entre los países miembros, la regionalización de políticas públicas y fortalecer el Proceso Andino de Integración.

Fausto Cobo, actual parlamentario andino ecuatoriano, sale en defensa del ente y pide analizar su importancia no individualmente sino integralmente dentro del sistema andino. Lo destaca como un espacio de diplomacia parlamentaria, de debate de los temas que aquejan a la región y de la promoción de la integración y de normativas que fomenten el comercio, la movilidad y otros aspectos entre los países miembros. Además de un espacio de relaciones con pares de otros continentes.

Reconoce que se ciernen críticas sobre el impacto del organismo en la vida cotidiana de los ciudadanos. “Se cuestiona que las decisiones del Parlamento no son vinculantes, pero eso no depende de los parlamentarios sino de la voluntad política del Consejo de Presidentes y también del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores”.

¿El panorama qué opciones deja? Según Cobo, una es denunciar el Acuerdo de Cartagena y salir del sistema, lo que no lo considera conveniente. Otra es que un grupo de legisladores ecuatorianos (cuya designación dependerá de la Asamblea) cumpla también la función de parlamentarios andinos, como en el caso de Perú o Colombia, lo que ahorraría dinero en la elección y salarios. Para ello se necesitan reformas legales.

Son opciones sobre la mesa que requieren decisión y voluntad política. Mientras tanto, los votantes ecuatorianos seguirán escuchando de este ente cada cuatro años sin sentir los beneficios de sus decisiones.

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Más de $ 100 mil para promoción

El Consejo Nacional Electoral aprobó el monto para promoción electoral, es decir los recursos públicos que son destinados exclusivamente para el pago de promoción de los candidatos en televisión, prensa escrita, radio, vallas publicitarias y medios digitales. Cada lista al Parlamento Andino tendrá disponible $ 9.411,74, lo que quiere decir que los contribuyentes pagarán $ 131.764,36 para las difusión de las 14 listas inscritas. La cifra puede aumentar, ya que aún falta por definir el futuro de dos listas.