Día de indignación y desconcierto en la Comisión de Garantías Constitucionales que investiga el caso Pandora. Ni el presidente de la República, llamado a comparecer por la tarde, ni ninguno de sus siete familiares y supuestos socios que habían sido convocados para la mañana, se dignaron asistir. Lasso respondió mediante una carta pública en la que ratificaba su disposición a recibir a los comisionados en Carondelet “una vez que se hayan evacuado todas las comparecencias previstas en el cronograma de trabajo”. Es decir: quiere declarar pero en su casa y al último. La Comisión le saltó al cuello: “Se convoca a usted -leyó con dificultad el presidente Fernando Cabascango- por segunda ocasión y de manera obligatoria y bajo prevención de ley, para que comparezca el viernes 22 de octubre a las ocho de la mañana”. ¿Y si no? Un ultimátum: Cabascango amenazó con aplicar el artículo 76 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa: “Si el funcionario no comparece en la fecha y hora fijada en la convocatoria o no remite la información, será causal de enjuiciamiento político”. La tensión entre los poderes del Estado ha llegado al extremo de lo soportable.

En realidad, la carta abierta de Lasso a la Comisión es, más que una excusa para no asistir, una respuesta a las acusaciones. Centra su atención en las presuntas ilegalidades que se le imputan en los Papeles de Pandora (tener bienes o capitales en paraísos fiscales y ser propietario de sociedades domiciliadas en ellos) y las desmiente remitiendo a información publicada por el propio equipo investigador de El Universo.

En el fondo, hay una batalla de orgullos: el presidente no quiere ir a la Asamblea; la Comisión se niega a peregrinar a Carondelet: “No somos la Comisión de Fiscalización que toma comparecencias a domicilio”, dijo Cabascango, siempre leyendo con dificultad, como si este tema formal fuera determinante en el contenido del proceso. Lo cierto es que el procedimiento de fiscalización de la Asamblea contempla incluso la posibilidad de recibir comparecencias por vía telemática y establece el elemental derecho del investigado a ejercer su defensa solamente cuando todas las demás comparecencias hayan terminado. En este caso, sin embargo, se pretende interrogar a Guillermo Lasso antes que a los representantes de la Fiscalía, la Contraloría y el CNE, entre otros.

En cuanto a María de Lourdes Alcívar y Santiago Lasso, esposa e hijo del jefe de Estado, su negativa a asistir causó revuelo en la mañana. Como ciudadanos independientes que no ejercen función pública alguna, ellos no están sujetos a control político de ningún tipo y no tienen, por tanto, la obligación de comparecer al llamado de la Asamblea. Así se lo hicieron saber a la Comisión en una carta enviada por su representante legal, Eduardo Carmigniani, quien está dispuesto a comparecer a nombre de ellos. Pero no. La Comisión no solamente insiste en su derecho de convocarlos, sino que impone una condición para la que realmente no tiene atribuciones: su comparecencia, dice, es indelegable. Así que la propuesta de recibir a Carmigniani en su lugar quedó, simplemente, fuera de discusión. Hay un inocultable deseo de humillar al presidente y a su familia en este juego.

Para justificar esta convocatoria, los comisionados correístas y de Pachakutik (siete de los nueve integrantes de la Comisión) citaron una peregrina jurisprudencia: el caso de la destituida vicepresidenta de la Asamblea Bella Jiménez, cuyos hijo y hermano fueron citados a comparecer ante la comisión investigadora. Olvidaron la parte en la que Jiménez, ella sí, delegó a su abogada para que la representara durante el proceso.

Junto a Lourdes Alcívar y Santiago Lasso tampoco asistieron Jaime Durán, Roger Arosemena (el único que está obligado a presentarse, pues es embajador ante el Vaticano), y otros tres supuestos socios de Guillermo Lasso que ni siquiera fueron convocados porque la Comisión no pudo contactarlos. Para recibir a todos ellos se volverá a instalar esta misma sesión, que quedó suspendida, el próximo sábado por la mañana.

72 horas para responder

En su carta abierta a la Comisión que lo investiga, el presidente Guillermo Lasso aseguró que la competencia privativa para juzgar este caso es de la Contraloría. “Ahí se me ha concedido un término probatorio condigno con el debido proceso”, escribió. El plazo “improrrogable” que le concedió la Comisión parlamentaria para defenderse fue de apenas 72 horas.