La alegría duró poco. Hasta ayer, los gobiernos autónomos descentralizados recibieron parte del pago pendiente del gobierno central. Pero luego de revisar los estados de cuenta, los prefectos detectaron una reducción considerable en el monto esperado.

Según el Ministerio de Finanzas, la reducción responde al ajuste que permite la Ley de Equilibrio de las Finanzas Públicas (en vigencia desde mayo) a las asignaciones de los gobiernos locales. La cartera de Estado no dio porcentajes del recorte.

En total, para prefecturas, municipios y juntas parroquiales, Finanzas desembolsó 360 millones de dólares por “cuotas completas de marzo y abril correspondientes al Modelo de Equidad Territorial”, explicó a EXPRESO.

Queda pendiente el pago de mayo, las asignaciones por riego y drenaje, además de la devolución del IVA. Más de 160 millones de dólares, según apuntes de las prefecturas.

Rafael Dávila, prefecto de Loja, encendió la primera alarma. Inicialmente creyó que los recursos depositados hasta ayer eran toda la asignación de marzo y parte de abril. Recibió un 19 % menos de lo que preveía. Aunque todavía no tiene una confirmación del Ministerio de Finanzas, él cree que el recorte es ilegal. La penúltima reforma tributaria permitió que el gobierno modifique, hasta en un 15 %, la asignación a los seccionales. Loja, a decir de su representante, tuvo un recorte de cuatro puntos más.

El prefecto de Guayas, Jimmy Jairala, también se sorprendió al ver el monto entregado por Finanzas. Es 15 % menor a lo que tenía presupuestado. “Nos han acreditado, según la información que tengo, el 85 % de abril. En todo caso, ya se redujo bastante la brecha, pero haremos una consulta al ministerio”.

Los dos prefectos coinciden en la necesidad de información sobre los recursos que reciben del gobierno central. Les preocupa que este tipo de recortes continúe y complique la ejecución de proyectos.

No hacen daño a los prefectos, agregó Dávila, sino a la población rural que necesita servicios y programas. Jairala resaltó también que los gobiernos descentralizados esperan precisiones sobre el nuevo tratamiento que tendrán sus asignaciones mensuales.

Salvador Quishpe, prefecto de Zamora Chinchipe, está más preocupado. Él dijo a EXPRESO que un recorte, adicional al que tuvieron a inicios de año, obligaría a la suspensión de proyectos de mejora genética y de incremento de la producción de café y cacao.

Él destacó que en este tema no se habla de oficialismo ni oposición, sino de necesidades insatisfechas en la población rural. En drenaje, por ejemplo, Zamora tiene limitaciones que afectan los cultivos y, por tanto, golpean a las finanzas de sus habitantes.

Mediante comunicado, el ministerio aclaró que algunas prefecturas, municipios y juntas no recibieron el pago de abril porque no han entregado la información financiera.