El pago de pensiones por alimentos se redujo a la mitad

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El pago de pensiones por alimentos se redujo a la mitad

Abril y mayo reportaron la baja más notable en la cancelación de los montos estipulados por ley. Asociaciones de padres piden que se revise la tabla.

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El pasado miércoles, el informe para el código de protección de menores tuvo su primer debate en el pleno de la Asamblea Nacional. Este concluyó con voces a favor y en contra.Asamblea Nacional

La crisis económica generada a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 ha provocado la baja en otros rubros vitales, entre ellos, las pensiones alimenticias que reciben mensualmente más de 900.000 niños, niñas y adolescentes a nivel nacional.

Según datos del Sistema Único de Pensiones Alimenticias del Consejo de la Judicatura entregados a EXPRESO, entre marzo y mayo los depósitos se redujeron a la mitad. La caída empezó con el estado de excepción, cuando la entidad registró $ 5.751.891 menos en depósitos en marzo que en el mismo mes del año anterior. Este índice se incrementó en abril, con 59,2 % menos en transacciones, y el 50 % menos en mayo. Todavía no hay datos actualizados para junio.

El organismo no arroga toda la culpa a los despidos o a las reducciones salariales que se han reportado a nivel nacional, sino a otras trabas para los depositantes. En abril, por ejemplo, la Judicatura solicitó a la Superintendencia de Bancos que se implementen y habiliten métodos electrónicos para hacer los pagos, que se vieron frenados durante los primeros meses de la pandemia. Pese a ello, la entidad afirma que desde que se retomó la atención en los juzgados de la familia, a inicios de mes, se ha reportado un alza en la cantidad de pedidos de reducción de pensión.

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Para Santiago Villarreal, director ejecutivo de Coparentalidad Ecuador, la problemática no solo responde a la crisis económica, sino a una visión errada en la forma en que la ley trata el tema de las pensiones, situación que, considera él, se traslada al Proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes que actualmente se debate en la Asamblea Nacional.

“Si bien es cierto que el Código contempla que cuando hay una baja salarial o un despido se proceda con una rebaja en la pensión alimenticia, esto tiene un trato bastante desigual. Para demandar la pensión hay un formulario web y no se necesita de un abogado, solo se colocan los datos y desde ahí empieza a correr el pago, sea o no sea el papá. Pero cuando un padre demanda la rebaja, primero debe tener un abogado. El proceso se suele dilatar y, mientras tanto, no hay una suspensión. La deuda se vuelve impagable”.

Él sostiene que la situación provocada por la emergencia amerita una revisión de la tabla de pensiones y que, a su vez, la normativa debe ser replanteada para considerar los ingresos de ambos padres, no solo del que debe cancelar la pensión. “No estamos pidiendo que se nos favorezca o se promueva la irresponsabilidad, sino que queremos que prime la corresponsabilidad parental y en función de eso, y como dice la Constitución, se dé la responsabilidad en igualdad de proporciones y condiciones”.

Pero no todos concuerdan. El vicepresidente de la Comisión Especial Ocasional para Atender Temas y Normas sobre Niñez y Adolescencia, Franklin Samaniego, considera que no se necesita revisar la tabla, pese a la reducción en los pagos que registra la Judicatura. “Hay una percepción errónea de que estos valores son exorbitantes, y no lo son. Hay 954.965 beneficiarios de pensiones. El 84 % de ellos recibe $ 129.53, y otros 17.500 niños, niñas y adolescentes reciben $ 30 mensuales. Esos valores no cubren ni siquiera la canasta básica”, afirmó.

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Esta postura la reiteró la legisladora Encarnación Duchi, presidenta de la Comisión. “No haremos cambios, porque ya existe un procedimiento y causales para la reducción de la pensión. La Judicatura nos dio los datos, y sabemos que hay numerosas peticiones de rebaja. ¿Pero qué pasa con el interés superior del niño?”, preguntó.

Agregó que el proyecto original de la Ley de Apoyo Humanitario contenía facilidades para la reducción de pensiones, pero que ellos se opusieron y finalmente se eliminó eso de la normativa. “Nosotros indicamos que, si se daban estas facilidades, era el Estado el que debía cubrir la diferencia, porque el que sale perjudicado es el menor”.

El nuevo código causa fricciones

La Asamblea Nacional retomó el primer debate del Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. El tema de la pensión alimenticia causó nuevas fricciones, pues se plantea una extensión en la edad del beneficiario, de los 21 años a los 24, mientras esté estudiando y sin ingresos. 

Legisladores como Freddy Alarcón y Marcela Aguiñaga solicitaron un análisis más exhaustivo de la tabla. Para la asambleísta, se debe “equilibrar el peso de la responsabilidad y derechos de ambos progenitores”.