Algo más del 50 % de la población del país, excluyendo a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, tienen seguro de salud en el país. Son 9,1 millones personas que reciben cobertura, mayormente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y, minoritariamente, de seguros de salud privados o empresas de medicina prepagada.

Hasta diciembre del 2015, el IESS tenía 3,1 millones de afiliados al seguro general obligatorio, pero la cobertura abarca a un total de 9,1 millones de personas porque se incluye a dependientes de los afiliados, pensionistas y afiliados y dependientes del seguro social campesino.

Las empresas privadas, por su parte, tienen 940.000 afiliados. Y 430.000 de ellos también están afiliados al Seguro Social. En otras palabras tienen una doble cobertura, sobre la que ya no podrán decidir el copago, pues se cobrará tanto si se atienden en clínicas privadas o en hospitales de la red de salud, que incluye a las unidades estatales, del Seguro Social y de las Fuerzas Armadas.

Así lo establece la recién aprobada Ley de Salud Integral Prepagada, que está en trámite para su publicación en el Registro Oficial en esta semana, y que entrará parcialmente en vigencia en cinco artículos y 13 disposiciones. El resto del nuevo cuerpo legal entrará a regir en 180 días.

El Comité Empresarial y las compañías de medicina prepagada tienen previsto reunirse hoy para evaluar el escenario económico que tienen por la aprobación de la ley, que permite inmediatamente a los hospitales del Ministerio de Salud Pública y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cobrarles el copago de personas que tienen doble afiliación: pública y privada.

“Unas atenciones que pueden costarles 150 millones de dólares a las empresas de seguros de salud privados y que las empujan a la quiebra”, dice el presidente del Comité Empresarial, Roberto Aspiazu.

Según él, han sido estas empresas las que por años han subsidiado al Seguro Social y al Estado, porque el 70 % de las personas con doble afiliación han tenido que acudir al sector privado porque no han logrado acceder a los servicios de salud que el IESS estaba obligado a proporcionarles, ni tampoco han logrado la atención en los hospitales públicos. Aspiazu recuerda que los ecuatorianos han tenido que sacrificar su presupuesto familiar para contratar seguros privados porque ni el IESS ni el Estado ecuatoriano cumplen con su función de darles un acceso de calidad a la salud. Por ello, el asambleísta Ramiro Aguilar asegura que los servicios de salud del Estado en Ecuador dejarán de ser gratuitos para el segmento de la población que tiene doble cobertura de seguro.