En el despacho de Jeanine Cruz se apilan las pruebas contra Augusto Espinosa. Fotografías, nombramientos de autoridades educativas, informes de organismos internacionales, denuncias, testimonios... La asambleísta lojana de CREO tiene un propósito poco usual: llevar a juicio político a uno de sus pares. Ella pretende demostrar que Espinosa incumplió sus funciones como ministro de Educación entre 2013 y 2016 frente a los casos de abuso sexual en los centros educativos, que suman 382 en ese período.

El propio Espinosa, en su comparecencia ante la Comisión Aampetra de la Asamblea, conformada especialmente para investigar los casos de abuso sexual en los centros educativos, admitió el viernes pasado haber estado al corriente de la situación. Él conoció y mantuvo en secreto las denuncias de violación a menores (cien anuales) para evitar, dijo, “que se mediaticen”. Y en lugar de abrir sumarios administrativos, investigar a los acusados o retirarlos del sistema educativo, tapó el problema y elaboró un plan de prevención del cual lo único que se puede decir es que existe en los papeles: un plan de prevención sin seguimientos, cifras ni resultados concretos. Y un protocolo que ha cambiado tres veces en los últimos tres años.

Mientras el ministro ocultaba la verdad a la opinión pública, los informes de organismos internacionales que expresaban su preocupación por el tema se multiplicaban. La Cedaw (Convención Contra la Discriminación a las Mujeres) lanzó alarmas en 2014 y 2015. En 2016, el Comité de Derechos Humanos de la ONU observó la “política errática” del gobierno en esta materia. En 2017, el Comité de Derechos del Niño repitió idéntica advertencia. Sin respuestas del Estado.

Según Jeanine Cruz, lo de Espinosa va más allá de la simple negligencia. El caso, según la investigación desarrollada por su despacho, se relaciona con un hecho político: la disolución de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y su sustitución por la Red de Maestros, un gremio afín al gobierno que trabajó activamente en las campañas electorales correístas. La teoría es la siguiente: la decisión de acabar con la UNE implicaba “limpiar el magisterio”; de ahí que una multitud de maestros recién ingresados o que incumplían con los requisitos del escalafón pasó a ocupar puestos directivos en escuelas y colegios. A la asambleísta de CREO no le faltan documentos para demostrarlo. Ahí están los nombramientos de rectores en favor de maestros pertenecientes a la categoría G del escalafón del magisterio, cuando los requisitos de la ley exigen haber alcanzado al menos la categoría D para ejercer esos cargos.

Espinosa no se cansa de asegurar (lo hizo ante la comisión parlamentaria) que todos los procesos de ascensos y nombramientos en el magisterio se ajustan a los protocolos y obedecen a estrictos concursos de oposición y méritos. Pero las pruebas juntadas por Jeanine Cruz demuestran lo contrario. Ahora la misma Red de Maestros solicita al nuevo ministro de Educación, Fánder Falconí, la legalización de los docentes que, sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley, ejercen cargos directivos en escuelas y colegios: alrededor de mil. Esta informalidad en el sistema educativo, relacionada con la estrategia política del Ministerio, junto con la decisión de Augusto Espinosa de mantener los casos de abuso sexual fuera del conocimiento público, pudieron crear un ambiente de impunidad que agravó el problema.

Entre la documentación que la asambleísta Cruz adjuntará a su pedido de juicio político también hay denuncias de acoso laboral a funcionarios y docentes que quisieron romper el implícito pacto de silencio. Y numerosas fotografías que demuestran la proximidad política de algunos de los implicados con el correísmo y la Red de Maestros. La rectora del colegio réplica Aguirre Abad, por ejemplo. Incluso aparece alguno de los profesores acusados de violación posando junto al ministro Espinosa como parte de su equipo de trabajo.

Sobrecarga administrativa de los docentes, limitación del derecho de los padres a ingresar en los colegios, supresión de asociaciones de profesores.... Y un pacto de silencio tácito. Todo el sistema impuesto por el correísmo en la educación favorece la impunidad de los abusadores.