Pachakutik: “El gobierno de Noboa duda en permitir torturas, represión y asesinatos”
El partido político denuncia asesinatos y represión en medio de diez días de paro nacional
En el marco de las movilizaciones que ya cumplen diez días en Ecuador, el movimiento Pachakutik difundió un comunicado en el que acusa al Gobierno de Daniel Noboa de haber “decidido optar por el camino de la violencia y el irrespeto a toda norma del Estado de derecho”. La organización señala que la política oficial no se dirige a las mafias del narcotráfico, sino “contra el pueblo, los indígenas campesinos, los trabajadores, los estudiantes y las organizaciones sociales”.
El pronunciamiento sostiene que el Ejecutivo utiliza todas las fuerzas del Estado para criminalizar la protesta, en lugar de dar respuestas a las demandas ciudadanas. “El gobierno de Noboa duda en permitir torturas, represión y asesinatos”, asegura el comunicado. La advertencia llega en momentos en que organizaciones sociales reportan al menos dos víctimas mortales durante las protestas.
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— PACHAKUTIK NACIONAL (@PKnacional18) October 1, 2025
Denuncian uso de militares y cortes de servicios básicos
Pachakutik responsabiliza al Ejecutivo de haber intensificado la violencia estatal el domingo 28 de septiembre, cuando “los militares asesinan al comunero en Cotacachi”. Según el comunicado, en la noche se aplicó “una política represiva brutal, solo comparable a las peores dictaduras del cono sur en los años 1970”.
La organización detalla que se enviaron convoyes militares y policiales, se cortó la luz eléctrica, la señal de internet y de telefonía en varias zonas, mientras se realizaban allanamientos y redadas en comunidades como El Cajas, en la frontera entre Pichincha e Imbabura, y en Otavalo. También se denunció el disparo de gases lacrimógenos contra civiles, incluidos “mujeres, ancianos, niños o bebés”.
Llamado a organismos de justicia y derechos humanos
Ante la situación, Pachakutik anunció que acudirá a instancias nacionales e internacionales para denunciar “esta violencia y crímenes de Estado”. La Coordinación Nacional de la organización exigió “la actuación inmediata” de autoridades judiciales y de derechos humanos.
El comunicado concluye ratificando el respaldo a la “lucha legítima de los pueblos originarios, de las organizaciones sociales y de la ciudadanía en general en defensa de la democracia y los derechos humanos”.
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