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Pachakutik no apoyará el juicio político contra miembros de la Judicatura

De acuerdo al legislador, 18 asambleístas están por esa línea, pero que este martes se consolidará la postura de la bancada 

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Postura. El exprefecto de Zamora Chinchipe señala el proceso de juicio político como una forma de "tomarse" el Consejo de la Judicatura.Cortesía

El legislador por Pachakutik, Salvador Quishpe anunció este martes que el bloque representado por el brazo político de la CONAIE, no apoyará el proceso de juicio político que se desarrolla en la Asamblea Nacional contra tres vocales del Consejo de la Judicatura y su expresidenta María del Carmen Maldonado bajo el argumento de incumplimiento de funciones.

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“(El pedido de juicio) no está a favor de los ecuatorianos, sino para nombrar un nuevo Consejo de la Judicatura y luego asegurarse los jueces al estilo como el de Manglaralto para asegurar la impunidad de los correístas. Nosotros vamos a mantenernos en esa posición, Pachakutik no está para tapar la corrupción de nadie” puntualizó el líder indígena.

Sin embargo, mostró algo de duda al ser consultado si todo el bloque votará en contra, y dijo que este lunes 22 de agosto, hubo una reunión y se decidió sobre la línea de comportamiento en relación al pedido de juicio político.

“Hoy (martes 23 de agosto) vamos a volver a reunirnos; yo, de lo que veo, es que se va a ir consolidando esa idea, ya lo que están fuera del movimiento no hablamos por ellos, ellos verán a quién responden, nosotros hablamos de los que están en Pachakutik, hacemos nuestros análisis y ahí tomamos la decisión”.

La solicitud de juicio político fue presentada por los asambleístas correístas Fausto Jarrín y  Viviana Veloz con 36 firmas de respaldo de la bancada de UNES. Sin embargo Jarrín renunció en junio pasado a su curul. Por lo tanto Veloz quedó como interpelante.

De acuerdo a los interpelantes, el organismo hizo una evaluación a jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en 2019 fuera de los periodos contemplados en la Constitución; es decir, cada tres años, coincidiendo con la renovación parcial de la CNJ que se realiza en ese lapso. Además cuestiona la forma en la que se cubrieron vacantes que quedaron tras la remoción de los peores puntuados; así como el subsiguiente concurso de jueces y conjueces.