"¿A favor o en contra?". Es la pregunta que el asambleísta Marco Troya planteó a una tercera persona a través de su teléfono celular en plena votación del informe que recomendó el archivo del juicio político en contra de los actuales vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, Maribel Barreno y José Morillo; y la expresidenta María del Carmen Maldonado. El momento marcó una acalorada sesión del pleno que se instaló la tarde de hoy, 22 de agosto del 2022. 

En la sesión trasmitida por la cuenta oficial de Facebook de la Comisión de Fiscalización, se puede escuchar al secretario de la Comisión tomar votación en primer lugar a Troya. Luego se observa en pantalla compartida al legislador sostener sus teléfono celular en su oído y susurrar dos veces: "¿a favor o en contra?". En una breve conversación telefónica con este Diario, el legislador por la provincia de Los Ríos explicó que estaba conversando con su asesor Marco Benavides porque estaba confundido si estaba votando por el informe o por la reconsideración de la votación.

El documento, según mostró la Comisión, concluyó que el proceso de evaluación de 2019 "no fue una decisión autónoma" tomada por el Pleno del Consejo de la Judicatura, sino que estuvo sujeto a un exhorto realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que, a través del referéndum de 2018, se lo dotó de "fuerza propia a las actuaciones". Sobre la temporalidad, la mesa legislativa de Fiscalización cuestiona que la Corte Constitucional "contraponga su propia acción interpretativa" al reconocer que el exhorto del Consejo Transitorio tenía competencias extraordinarias, pero se observe la temporalidad de su ejecución.

Además, sobre el proceso de evaluación, el informe de la Comisión señala que "las veedurías y la academia concluyeron que la metodología utilizada para el proceso fue válida". Además, indica que "en vista de los pésimos resultados" de la evaluación de 2019, la Judicatura, en años anteriores, "no llevó a cabo procesos de capacitación efectivos". También destaca que la Judicatura "no delegó en ningún momento a los expertos evaluadores el proceso sus potestades constitucionales y/o legales sobre el proceso de evaluación".

Sobre la demora en el nombramiento de los fiscales provinciales, el documentos elaborado por la Comisión de Fiscalización señala que la falta de asignación de recursos por parte del Ministerio de Finanzas "ha sido la razón por la cual no se ha podido efectuar hasta la fecha el respectivo concurso". Asimismo, reconoció que, en enero de 2022, la Judicatura aprobó la proforma presupuestaria para la ejecución de concursos de fiscales provinciales.

Por otro lado, sobre el concurso de méritos y oposición para suplir las vacantes de los jueces evaluados en 2019, la mesa legislativa indica que no existe el incumplimiento de funciones o una extralimitación de competencias, ya que el proceso respondió a la renovación por tercios de la Corte Nacional de Justicia. Asimismo, hace hincapié en que las modificaciones en el proceso fueron una "rectificación numérica, debida a un error en  el cálculo de la valoración del segundo ítem de la ponderación de la fase de méritos" del concurso.

Acerca de la designación de fiscales de primer nivel como fiscales provinciales encargados en Napo y Sucumbíos, el documento indica que el Consejo de la Judicatura "se encontraba plenamente imbuido de potestad legal" para actuar ante la necesidad de agentes fiscales del nivel correspondiente.

En ese sentido, el informe de la Comisión de Fiscalización recomienda el archivo de la solicitud del juicio político porque "la solicitante no ha demostrado (...) que los mencionados funcionarios (...) hayan incurrido en incumplimiento de funciones". Asimismo, incluye recomendaciones para la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la Corte Nacional de Justicia, la Contraloría General del Estado, entre otras instituciones. Mismas que fueron parte del rechazo a la aprobación del informe final.

El 13 de agosto de 2022, la Comisión de Fiscalización recibió las comparecencias finales de los vocales interpelados y de la legisladora solicitante del juicio político. Durante más de sies horas de alegatos, las partes defendieron su posición y, en el caso del actual presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, indicó que el proceso de evaluación a la Corte Nacional de Justicia se dio porque era un exhorto "del pueblo ecuatoriano". Por su parte, Veloz señaló que la Corte Constitucional determinó que el proceso fue inconstitucional y que eso justifica la causal del proceso.

La asambleísta por UNES, Viviana Veloz, impulsó la solicitud de juicio político en contra de la Judicatura por el presunto incumplimiento de funciones en el concurso de méritos y oposición realizado después del proceso de evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. También se argumentó el incumplimiento de nombrar de fiscales provinciales, entre otros temas.