El 13 de agosto de 2022, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional recibió las comparecencias finales de la legisladora solicitante del juicio político contra el Consejo de la Judicatura, Viviana Veloz, y de los vocales interpelados del órgano administrativo de la Función Judicial. En las más de seis horas de intervenciones, ambas partes se refirieron a las siete causales que, según la asambleísta Veloz , incurren en la destitución de los cuatro miembros del Consejo por un supuesto incumplimiento de funciones.

La sesión inició con los argumentos de la legisladora Veloz quien, previo a referirse a las causales de su solicitud de juicio político, señaló que el Consejo de la Judicatura se ha convertido en un "estercolero". Luego, sobre el proceso de evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia en 2019, la asambleísta indicó que la Corte Constitucional declaró como inconstitucional el reglamento utilizado para el proceso de evaluación de los magistrados y que con ello se justifica la causal del proceso.

Sin embargo, el entonces vocal de la Judicatura y actual presidente (e) de la Judicatura, Fausto Murillo, destacó que "en ninguna parte de la sentencia" se hace referencia a aquello (al incumplimiento de funciones) y que, por lo contrario, se señala que "sus acciones (del Consejo de la Judicatura) se ajustaron al precepto constitucional". Asimismo, sobre la remoción de los jueces y conjueces producto de la evaluación de 2019, Murillo explicó que el Código Orgánico de la Función Judicial estipula que "aquellos que no cumplan con (los puntajes) mínimos requeridos, serán removidos" y que una segunda evaluación solo cabía para los funcionarios judiciales de carrera, ya que "una vez que entran a la Corte, están fuera de la carrera judicial".

Veloz también criticó que los vocales de la Judicatura hayan obedecido el exhorto que hizo el Consejo de Participación Transitorio acerca de la evaluación a la Corte Nacional de Justicia porque, según indicó la legisladora, no lo han hecho en otras ocasiones.

Por ejemplo, Veloz señaló que en 2020 el Consejo no acató un exhorto del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) porque "vulneran los principios de independencia y autonomía de la Función Judicial". Asimismo, en el mismo año, la Judicatura "pidió fundamentos" a un exhorto que el Consejo de Participación presidido por Sofía Almeida hizo al Consejo por las irregularidades en el concurso para la designación de nuevos jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia.

Sobre esto, Murillo, indicó que los exhortos "no se pueden equiparar" y que el que hizo el Consejo de Participación "había que hacer caso porque era del pueblo ecuatoriano". Haciendo referencia a que más del 60% de la población apoyó la pregunta 3 del referéndum de 2018. Por otro lado, sobre las críticas de Veloz respecto al concurso de méritos y oposición para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, Murillo indicó que el único cambio que se hizo fue "una corrección de una cuestión aritmética" y que se lo realizó "garantizando la seguridad jurídica y el derecho de participación" de los postulantes.

"No se puso a gente de la calle", hizo hincapié Murillo sobre el concurso y recordó que, en ese momento y luego de una consulta, el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, señaló que, ante la ausencia de nombres en el banco de elegibles para llenar las plazas vacías por la remoción de jueces en 2019, la Judicatura debía designar conjueces temporales. Mismos que según indicó el presidente (e) del Consejo, fueron jueces de cortes provinciales y jueces distritales de lo Administrativo y de lo Tributario.

Otro de las causales que motiva el juicio político de Veloz es la demora en el nombramiento de nuevos fiscales provinciales. Según la legisladora, el proceso está estancado desde 2019 y que, durante estos años, se ha vulnerado los derechos de los fiscales al no poder ascender a fiscal provincial titular. Asimismo, señaló que los fiscales provinciales de Napo y Sucumbíos pertenecen a la categoría uno, cuando para ocupar dicho cargo deben ser, al menos, de categoría tres. Esto a pesar, según Veloz, de que en el país hayan 70 agentes fiscales que sí están en la categoría tres. "Ojalá no hayan sido favores políticos", dijo la asambleísta Veloz.

Respecto a esto, Murillo empezó recordando que el nuevo Consejo de la Judicatura tuvo que desarrollar un nuevo sistema para garantizar transparencia en el proceso. Asimismo, señaló que los recortes presupuestarios que ha sufrido su organismo "no ha permitido que se desarrollen los procesos oportunamente".

Sobre los fiscales de categoría uno, Murillo explicó que su designación responde a que se "implementó un mecanismo ya usado en la Función Judicial para solventar la falta de fiscales con categoría tres para reemplazarlos temporalmente para no afectar a la ciudadanía". Además, hizo hincapié en que el supuesto incumplimiento de funciones no tiene asidero ya que en abril de 2021 la Judicatura resolvió iniciar el proceso de evaluación y promoción de los agentes fiscales, "por lo tanto no existe el incumplimiento".

Luego de la última ronda de comparecencias, los miembros de la Comisión de Fiscalización deberán redactar y aprobar un informe que, posteriormente, será conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional con la respectiva recomendación de la mesa legislativa. En caso que esta sea continuar con el juicio político de los funcionarios del Consejo de la Judicatura, las partes deberán volver a comparecer ante el Pleno para, finalmente, los asambleístas decidan la destitución o no de los funcionarios interpelados.