Iván Saquicela, testigo soñado de los correístas en la mesa de Fiscalización

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Iván Saquicela, testigo soñado de los correístas en la mesa de Fiscalización

El juicio político al Consejo de la Judicatura continúa en la Asamblea.

Iván Saquicela ante la Comisión de Fiscalización
Saquicela. El presidente de la Corte Nacional fue llamado a rendir su testimonio.Asamblea Nacional

Dijo que no iba a hacer juicios de valor, emitió algunos de grueso calibre y se negó a responder preguntas con el pretexto de que no iba a hacer juicios de valor. Un asambleísta (Ricardo Vanegas, de Pachakutik) lo puso en serios aprietos con un interrogatorio incómodo y él abandonó la sala a tal velocidad que cualquiera diría que su vida dependía de ello. Así fue la comparecencia del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. En el juicio político contra el Consejo de la Judicatura, el alto magistrado desempeñó exactamente el papel que el correísmo esperaba de él: confirmó que la evaluación de la Corte Nacional del año 2019 fue inconstitucional, sostuvo que constituyó un grave irrespeto de la independencia judicial y aseguró que los nuevos jueces (sus colegas) que sustituyeron a aquellos que no pasaron la evaluación y perdieron su puesto, fueron “nombrados a dedo”. Menos mal que no iba a hacer juicios de valor.

Por lo demás, el cuarto día del juicio político incluyó la novedad que tanto se temía el correísmo: empezaron las comparecencias de las víctimas de los jueces que Rafael Correa utilizó para, en sus palabras, “meterle la mano a la justicia”. Son los testigos de la defensa y, para interrogarlos, estuvieron ahí tres de los acusados: Fausto Murillo, Juan José Morillo y Ruth Barreno. Sus preguntas apuntaban a confirmar lo que es de dominio público: que durante el gobierno correísta hubo un manejo político de la justicia en nombre del cual se cometieron atrocidades.

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Asistieron Carlos Figueroa, Gerardo Portillo y Christian Zurita. El primero de ellos, junto con el entonces legislador Cléver Jiménez y su asesor, el hoy presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, había demandado a Rafael Correa por ordenar un ataque militar a un hospital en la famosa jornada del 30 de septiembre. Se apoyaban para ello en informes de las propias Fuerzas Armadas, pero la denuncia fue archivada y calificada de “maliciosa y temeraria”. Con ese argumento, Correa los persiguió sin tregua. Y sin la menor consideración humanitaria: a Figueroa se le impidió asistir al lecho de su madre moribunda.

Portillo y Zurita, en cambio, fueron perseguidos en relación con los millonarios contratos de Fabricio Correa con el gobierno. Portillo, como miembro de la veeduría ciudadana, y Zurita, como coautor de una serie de reportajes publicados en este Diario y, más tarde, un libro titulado ‘El gran hermano’, habían llegado a la misma conclusión: que el presidente estaba al tanto de los negocios de su hermano. Ese fue su crimen.

En la discusión sobre el manejo político de la justicia durante el gobierno de Rafael Correa, fue César Ricaurte, presidente de Fundamedios, quien aportó el dato clave. Recordó que el expresidente, en sus sabatinas, ofrecía el perdón judicial a sus ofensores a cambio de que pidieran disculpas públicas: muestra evidente de que controlaba a los jueces. Por si no fuera suficiente, Fernando Villavicencio mandó a que el secretario leyera aquel comunicado salido del despacho presidencial en octubre de 2013 y dirigido “a los jueces constitucionales y civiles” de la República: “Por disposición del presidente, so pena de aplicarles destitución no se dé paso a ninguna acción de protección en contra del Estado”. En fin, fue una jornada para recordar.

Viviana Veloz, la correísta a cargo de la interpelación, desestima estos testimonios. Dice que no se está juzgando la conducta de los jueces correístas, sino el proceso de evaluación del que fueron objeto, y que ya fue cuestionado por la Corte Constitucional. “Aquí no estamos para analizar fallos y sentencias de los jueces destituidos”, se defiende, “pero sobre todo ya existe una sentencia inapelable”, por lo cual los testimonios de las víctimas, dice, son “incrongruentes”. La verdad es que la sentencia de la Corte Constitucional objeta en parte el procedimiento de la evaluación pero defiende sus resultados (sostiene que la evaluación crea derecho) y no afirma que el Consejo de la Judicatura incumplió sus funciones, como pretende Veloz.

En cuanto al testimonio de Iván Saquicela, que en 2019 se sometió sin objeción al proceso de evaluación, lo superó con éxito y lucía satisfecho de sus resultados, según un video que la vicepresidenta de la Comisión, Ana Belén Cordero, compartió con los presentes, hoy es el mayor de sus detractores. “La Corte Constitucional -argumenta- declara en su sentencia que se vulneró la independencia judicial”. Y aquí interviene Vanegas. Pide al secretario que lea la sentencia y que repita dos veces la parte que dice “se respetó el derecho a la independencia judicial”. Y cuando empieza a disparar preguntas, Saquicela, al grito de “no voy a hacer juicios de valor”, desaparece de la sala en tiempo récord.

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