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Pablo Celi: “La lucha contra la corrupcion debe ser institucional”

Pablo Celi, contralor subrogante, conversó con EXPRESO sobre el proyecto de Ley de Tribunal de Cuentas y la corrupción.

Contralor subrogante. Es sociólogo, politólogo, doctor en Filosofía y en Ciencias Internacionales. También es diplomado en Políticas de Defensa. Es docente de la  Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central.

- ¿Por qué plantea el proyecto de ley?

- Su objetivo central es reducir el modelo de discrecionalidad, donde puede caber incluso circunstancias de arbitrariedad y unilateralidad de criterios. Ese es un riesgo al que está sujeta cualquier autoridad que carece de controles internos. En la Contraloría hay una falencia significativa en el equilibrio de criterios decisionales porque el conjunto de acciones de auditoría confluyen en una sola autoridad que aprueba informes y la determinación de responsabilidades.

- ¿Es peligroso dejar todo en manos de una sola persona, sobre todo después del caso de corrupción que envuelve al excontralor?

- Señalo los riesgos de un modelo sin controles internos donde las cosas dependan de la discrecionalidad de la autoridad. Es importante que las instituciones tengan mecanismos procedimentales para garantizar la seguridad jurídica y administrativa de sus decisiones. Que no dependan de la buena o mala voluntad, de la decisión recta o equívoca de sus autoridades.

- ¿Cómo funcionaría?

- La Contraloría tiene dos grandes momentos: el proceso de exámenes especiales y de auditorías que concluyen con un informe. Esos dos aspectos estarían en dos salas: una de auditoría, formada por tres ministros auditores, y otra sala de predeterminación de responsabilidades, también conformada por tres ministros. Las dos salas se controlan mutuamente, confluyen en apreciaciones y criterios.

- ¿Cómo dar transparencia y luchar contra la corrupción?

- La transparencia tiene que ver con el aseguramiento de los procesos. El Estado debe ser pensado funcionalmente. La lucha anticorrupción tiene que institucionalizarse mediante procedimientos. Es decir, que tenga consecuencias jurídicas y administrativas. Caso contrario, la palabra anticorrupción puede convertirse en un recurso coyuntural e inclusive en muletilla para evadir otro tipo de problemas.

- Su proyecto incluye volver al informe previo que fue anulado por las enmiendas de 2015.

- La enmienda es inconstitucional y fractura el sistema de control. El informe previo a la contratación evitará errores de buena fe y dará más seguridad jurídica al funcionario y al ente contratado. Con el informe previo también desapareció el registro de contratistas incumplidos con el Estado, que eran sancionados y observados. Era la memoria institucional para depurar las contrapartes. Ambas competencias deben restituirse a la Contraloría. Son una protección para el Estado.

- A los correístas no les gusta que usted esté al frente de la Contraloría porque es amigo del presidente Moreno.

- Mi presencia en Contraloría responde al mandato de la ley. Estoy para cumplir y hacer cumplir la ley, garantizar su normal funcionamiento. No me muevo por afectos ni desafectos, no demando de simpatías ni de solidaridad, ni me detengo frente a adversidades ciegas.

El contexto

El sistema de control público debe ser autónomo e independiente en sus funciones. También exento de condicionamientos políticos y personales. Esa es la premisa para reestructurar la Contraloría y convertirla en un Tribunal de Cuentas, es decir un organismo colegiado e integrado por siete ministros auditores.