Organizaciones exigen que no se amplie el estado de excepcion carcelario
Agrupaciones de la sociedad civil se pronuncian ante la crisis en el sistema penitenciario del país.
Preocupadas por la violencia desatada en las cárceles del país y por las “graves vulneraciones a los derechos humanos de la población penitenciaria”, un grupo de organizaciones de la sociedad civil planteó hoy, lunes 15 de julio, una serie de exigencias al Estado ecuatoriano, entre ellas, garantizar una adecuada alimentación y atención médica a los internos, y exhortar al Gobierno nacional a que se abstenga de renovar el Estado de Excepción establecido para esta crisis.
“Consideramos que el Nuevo Régimen implementado desde el año 2013, ha deteriorado las condiciones de sobrevivencia de las personas presas, provocando escasez de medios de vida: alimentos, medicinas, materiales educativos, objetos afectivos, radios, periódicos, libros, instrumentos de trabajo. En las cárceles no hay acceso a servicios básicos que garanticen los derechos humanos de las personas privadas de la libertad tales como: salud, educación, alimentación, trabajo, recreación...”, dice el manifiesto de las organizaciones.
Entre los colectivos y agrupaciones firmantes están: Mujeres de Frente, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos CDH-Guayas, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos (INREDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU); Vivir Libre - Organización LGBTI y un grupo de personas naturales.
Estas son algunas de las demandas que hacen los colectivos de organizaciones de derechos humanos y de familiares y amigos de personas privadas de la libertad:
- Que el Estado garantice los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
- Que el Estado amplíe las visitas de familiares (sus horarios y número de visitantes) como medio de fortalecimiento de los vínculos sociales y emocionales de las personas privadas de la libertad.
- Que el Estado garantice una adecuada alimentación y atención médica.
- Que el Organismo Técnico de Rehabilitación Social se pronuncie y responsabilice sobre la vida de las personas muertas y/o desaparecidas.
- Que el Ejecutivo se abstenga de renovar el Estado de Excepción, toda vez que se ha evidenciado que no ha sido la vía idónea ni efectiva para superar una crisis penitenciaria.
- Que la Defensoría del Pueblo publique los informes de seguimiento al Estado de Excepción ordenado por la Corte Constitucional.
- Que la Defensoría Pública cumpla con su cumpla con sus competencia garantizando el acceso a la justicia de las Privadas de la Libertad.
- Que se renueve el Sistema Rehabilitación Social con la finalidad de evitar actos de corrupción dentro del Sistema Penitenciario.
- Que el Estado permita y promueva la intervención de una veeduría compuesta por familiares, organizaciones amigas de la gente presa así como organismos internacionales contra la tortura.
