Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Municipio de Quito, acudió la mañana de este 22 de octubre a la Terminal de La Ofelia, para notificar al gerente del consorcio Corredor Central Norte, Ney Jiménez, el inicio de un proceso sancionatorio, al que serán sometidas todas las operadoras que paralizaron este servicio público en la capital los días 3 y 4 de octubre.

La notificación se entregó al Consorcio Central Norte, que representa a Conetra C.A., Global Trans conformado por Paquisha y Transhemisféricos, Catar, San Carlos. y Transportes Calderón, que cuenta con 161 buses.

Simultáneamente, en el sur de la ciudad, se notificó al: Consorcio Sur Occidental que representa a ocho compañías que suman una flota de 294 buses.

En la diligencia, Abad explicó que las operadoras reciben la notificación y con esto se inicia del proceso sancionatorio que podría ser económico y llegar hasta la revocatoria del contrato de operación que actualmente tienen con el Municipio de Quito. En la primera fase el Cabildo, a través de la Secretaria de Movilidad, presentará las pruebas de cargo por parte y las operadoras presentarán las pruebas de descargo que serán analizadas para determinar las sanciones respectivas.

Este proceso será entregado a más de 210 operadoras que no habrían prestado el servicio durante los días del paro nacional. Para lo cual los fiscalizadores de la Secretaría de Movilidad, realizaron un registro fotográfico, de video y documental.

Jiménez, por su parte indicó que presentarán las pruebas de descargo, pero indicó que su consorcio nunca tuvo la voluntad de suspender el servicio pero que hubo momentos que el estado de convulsión que se presentó en la ciudad que impidieron que las unidades de su consorcio puedan brindar el servicio en ciertas horas.

Otro de los temas que se analizarán tiene relación con el hecho de algunas operadoras cobraron una tarifa superior a la establecida de 25 centavos que estaba vigente. Posteriormente, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), amparada en el Decreto de Excepción ordenó la subida de la tarifa a 35 centavos en el DMQ.

Abad enfatizó que todas las operadoras notificadas al amparo de lo que establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Código Municipal y el Contrato de Operación, tienen el derecho a la libre defensa. En el caso de que luego del proceso se determine revocar contratos de operación, el Municipio de Quito llamará a un concurso público para que se asignen nuevos contratos de operación en los corredores metropolitanos a las personas que cumplan con los requisitos y requerimientos que la ciudad desea.