El dilatado intento del Reino Unido por abandonar la Unión Europea ha derrumbado las dos ilusiones con las que el mundo ha vivido desde el fin de la Guerra Fría: soberanía nacional e integración económica. Desde un punto de vista jurídico, el mundo consta de 191 Estados soberanos, que entran libremente en tratados, acuerdos y asociaciones para ordenar sus relaciones mutuas. La imposibilidad del RU de hacer una salida satisfactoria de la UE representaría la primera vez en la historia moderna que un Estado soberano importante es obligado a permanecer en una unión voluntaria porque legalmente es libre de irse, pero sería demasiado costoso. La coerción va del uso de la fuerza a sanciones económicas y culturales leves, y la soberanía de un país se mide por su vulnerabilidad a las diversas formas de compulsión a la que se la puede someter. Según este criterio, muy pocos de los 191 Estados del mundo son verdaderamente soberanos y solo la fuerza militar puede obligarlos a cambiar sus políticas y sistemas de gobierno: Estados Unidos, China y Rusia, y posiblemente Japón e India. El RU viene descubriendo los límites de su propia soberanía. El resultado del referendo por el brexit de 2016 ha sido casi imposible de implementar. El principal obstáculo: el criterio de quienes están a cargo de su vida política, de que los costos de un retiro enfático son demasiado grandes. Para la clase política de RU, la prueba de soberanía nacional no es la capacidad de abandonar la UE sino de retirarse con la mínima alteración posible de la integración económica con los países de la UE. ¿Pero qué sucede con quienes votaron a favor de una alteración enfática de los vínculos de RU con la UE? Esto lleva a la segunda ilusión: la fe ciega en la suprema virtud de integración económica transfronteriza, con su corolario de que las fronteras nacionales son obstáculos para la integración más perfecta de los mercados. Desde este punto de vista, la única función del estado-nación es garantizar que la política nacional conforme al mercado, visión que considera a los países simples ramas del gobierno. Ha surgido un conflicto entre la integración económica y la política democrática. Los arquitectos de la UE han considerado a sus estados-naciones miembros como instrumentos jurídicos para establecer las cuatro libertades del mercado único: libre movimiento de bienes, capital, servicios y mano de obra. Pero los gobiernos son responsables ante sus votantes. No pueden ignorar los costos de la integración económica. Todos los europeístas reflexivos han sido conscientes desde hace mucho tiempo del problema del déficit democrático de la UE, pero muy poco se ha hecho al respecto. El exministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis han propugnado un Estados Unidos de Europa. Solo un parlamento genuino con un presidente electo que rinda cuentas puede hacer que el mercado único sea democráticamente legítimo. Y no se puede legitimar una democracia con solo redactar una nueva constitución. Los votantes tienen que internalizar una sensación de posesión de su política, sentimiento que crece orgánicamente, no prescriptivamente. ¿El RU todavía puede elegir un autogobierno pertinente? Si este dilema se hace sentir de manera más amplia entre el público votante de la UE, será el fin de la democracia liberal europea.