La ONU alerta sobre las libertades en Ecuador
El Comité de Derechos Humanos reconoce avances pero recomienda mejoras.
Satisfacción. El informe del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el Ecuador dejó conformes al Gobierno y a grupos autodenominados de la sociedad civil.
Cada uno hace su propia interpretación. Para César Ricaurte, de la organización Fundamedios, el informe es ‘contundente’ y de cumplimiento obligatorio. Según el canciller Guillaume Long, “el Comité no hace ninguna acusación directa al Estado, sino que habla de alegaciones de ciertos grupos”.
¿Qué dijo el Comité? En ocho páginas, el organismo pasa revista a 15 temas. En cada uno reconoce avances, señala motivos de alerta y hace recomendaciones.
Sobre la libertad de expresión, por ejemplo, el Comité expresa su preocupación porque “algunas disposiciones legales y prácticas (...) podrían afectar negativamente” al ejercicio de este derecho. El Comité hace una mención directa a la Ley de Comunicación.
“Contiene, dice el informe, algunas disposiciones que podrían afectar el pleno ejercicio de ese derecho, incluyendo la imposición de algunas obligaciones que pueden resultar ambiguas o desproporcionadas”.
El texto cita como ejemplo la obligación de los medios de comunicación de “cubrir y difundir los hechos de interés público” o el denominado “linchamiento mediático” y cuyo incumplimiento podría “dar lugar a severas sanciones”.
Los expertos del Comité, asimismo, dijeron que les preocupan las alegaciones que indican que algunas personas que criticaron al Gobierno “habrían sufrido acoso y amenazas anónimas luego de ser mencionadas específicamente por oficiales del Gobierno en medios públicos y que se utilizaría el sistema judicial para silenciar la crítica a través de la presentación de demandas”.
Pero Patricio Barriga, secretario de Comunicación, aseguró que la ley lo que ha hecho es garantizar que haya una mayor cantidad de opiniones.
En el ámbito judicial, el Comité lamenta “la utilización frecuente del sistema judicial para generar duras sentencias contra críticos del Gobierno y miembros de oposición de una manera que pone su imparcialidad en cuestión”.
La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, respondió. Dijo que en Ecuador “las decisiones en el ámbito judicial corresponden a órganos jurisdiccionales en donde las demás funciones del Estado no tienen ningún tipo de injerencia”.
Al Comité le preocupa también la falta de un marco legal e institucional específico que regule la división de competencias entre la jurisdicción indígena y la ordinaria.
