En Ecuador, apoderarse de un sistema de transporte público, comprar material nuclear, bombardear una instalación estatal o irrumpir en la casa de un testigo protegido son actos de terrorismo. Silvio Morocho cerró una calle.

Una soleada mañana de 2016, el campesino azuayo salió con una veintena de vecinos a protestar por la decisión de la Agencia Nacional de Tránsito de retirar de los requisitos para la matriculación vehicular el pago de la tasa solidaria.

Horas más tarde fue detenido y acusado, primero de terrorismo y luego de ataque y resistencia. Salió en abril de este año, tras haber cumplido una condena de seis meses.

En enero, dos activistas, Manuel Trujillo y Manuela Pacheco fueron absueltos tras haber sido acusados de terrorismo por una protesta en la presa Hidrotambo en 2012.

Datos de la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del Estado indican que, en los últimos cuatro años, otras 43 personas han sido acusadas bajo esa figura penal, cifra que para el catedrático y jurista quiteño José Carlos Samaniego es irrisoria.

“Cuando el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) fue aprobado, la figura de terrorismo y su financiación fue redactada con ciertas especificaciones que el código anterior no tenía. Establece actos muy concretos, relacionados con el daño y perjuicio a estructuras, la compra de material nuclear, casos que no se han registrado en el país. Es una figura mal aplicada”, señaló.

Con él concuerda la especialista en derecho internacional, Carla Rojas. “Estamos hablando de una figura penal necesaria, pero que en Ecuador se ha utilizado para perseguir, sobre todo a activistas y dirigentes indígenas. Actualmente hay al menos una veintena de procesos aún abiertos y, juzgados bajo el art. 366 del COIP, ninguno se ajusta a lo que ahí se determina. Por eso ‘terrorismo’ es siempre la figura acusatoria inicial y luego la tipificación del delito cambia”.

Pero pese al alto índice de procesos, las condenas son bajas. Así lo asevera el abogado Luis Moreno, quien defiende a una persona procesada por terrorismo en Zamora Chinchipe. “Es un delito difícil de probar si no se ajusta específicamente a lo que determina el COIP. Sin embargo, lo que marca a la persona no es el juicio en sí, es la acusación. Aplicar a trabajos, a una visa, siendo acusado de terrorismo es una condena sin papeles”.

EXPRESO solicitó a la Fiscalía el número de acusaciones por terrorismo que culminaron con sentencias. La entidad indicó que no cuentan con información sobre el estado procesal de las denuncias.

Dos políticos en proceso de apelación

En agosto, el exasambleísta Pepe Acacho apeló una vez más la sentencia de doce años impuesta por terrorismo a raíz de una protesta contra una ley para el manejo de aguas en la que participó en 2009. La audiencia de casación se pospuso. El proceso continúa. En 2016, el exalcalde del cantón Yacuambi, Milton Gonzales, fue sentenciado a ocho años de prisión bajo esta figura penal. La acusación derivó de una disputa ocurrida en 2008 entre este y el burgomaestre removido, Víctor Gualán. Fue sobreseído y luego acusado nuevamente.