Los olvidados por el caso Sobornos
Abogados, procesados y asambleístas dicen que faltan nombres. Hay solo 26 investigados.
No son todos los que están ni están todos los que son. La protesta de abogados y procesados en el caso Sobornos 2012-2016 es que entre los 26 investigados faltan nombres.
La Fiscalía investiga una supuesta estructura conformada por funcionarios y empresarios, dedicada a la captación y distribución de aportes ilegales de contratistas del Estado para las campañas de movimiento PAIS.
Es que en los cuadernos atribuidos a Pamela Martínez y en la computadora de su exasistente Laura Terán existe la mención a al menos medio centenar de personas y empresas.
Cada uno aparece en alguna lista, pero existen nombres como el de Tomislav Topic, de Telconet, que se repite en varias.
El exasambleísta de PAIS Christian Viteri, uno de los 26 investigados, señaló que Topic en los archivos verdes aparece mencionado varias veces y entregando más de un millón de dólares y por declaraciones de proveedores de campaña pagando facturas. “Es extraño que no se le impute en nada”, cuestionó. Lo mismo se preguntan los asambleístas de CREO César Carrión y Fernando Callejas.
Pero Topic asegura que Telconet nunca tuvo un solo contrato a dedo, ni bajo emergencia, ni con el Gobierno central ni con los locales. Señala que la empresa nunca tuvo contratos ampliatorios que suban el valor. Afirma que Telconet siempre ganó los contratos con el Gobierno central y locales “con los mejores precios y características técnicas, dada su mucha mejor infraestructura”.
El empresario añade que el Gobierno central ha representado apenas el 8 % de la facturación total del grupo, por lo que no ha dependido del Gobierno central ni locales para su crecimiento.
Pero Viteri tiene una lista amplia de los que no están en el expediente. Cita al: “señor Herdoiza Crespo, mencionado igual que Topic (más de 30 veces) hasta con datos cronológicos entregando millones de dólares”.
A la lista suma Odebrecht entregando más de cinco millones, al esposo de Laura Terán, Byron Andrade que aparecería facturando más de un millón de dólares a diferentes empresas, Jimmy Salazar, esposo de Martínez que dice que aparece recibiendo más de 100.000 para las campañas del Colegio de Abogados y que habría manejado Nexoglobal.
Añade a Rommy Vallejo, exsecretario de la Senain que dice que aparece recibiendo dinero de los archivos verdes en varias ocasiones. Incluye al exfiscal Carlos Baca Mancheno, a Rolando Carrera, extesorero de AP, pero amigo de Baca, quien habría recibido casi dos millones para la campaña.
Añade a Patricio Endara, Francisco Suárez, de Suárez Salas, quien según él, aparece dando más de medio millón en efectivo y otros en facturas, Olga Muentes, la mano derecha de Jorge Glas.
Viteri cuestiona la veracidad del cuaderno de Martínez que apareció detrás de una chimenea en un departamento de Quito. “Le actualizo que fue implantado una hora antes del allanamiento por Jimmy Salazar Sánchez, hijo de Jimmy Salazar”, dijo.
A esos nombres la asambleísta Jeannine Cruz agrega a “Diego Guarderas y Diego Racines, quienes aún siguen trabajando en el Gobierno de Moreno”. Carrión suma los de Pedro Espinoza, el exprocurador Diego García y el excontralor Carlos Pólit.
Fausto Terán, abogado de Rafael Correa, dice que sin lugar a dudas falta Odebrecht. A ellos suma “al presidente Lenín Moreno, vicepresidente en la época que dicen haber iniciado los “aportes””. También señala a Topic y otros como Paúl Granda o Gustavo Bucaram”.
Carlos Alvear, defensor de Alexis Mera, opina que de inicio ninguno debió ser procesado, “pero llama la atención que a Odebrecht y al resto de las empresas nombradas en el archivo Verde Final que aparentemente habrían realizado las mismas acciones que las otras empresas ahí indicadas, no se encuentren en la misma situación”. Insiste en que Fiscalía no ha explicado por qué unas empresas sí están siendo investigadas y otras no.
Mientras tanto, hoy vence el plazo que dio la jueza Daniella Camacho para que los abogados señalen qué diligencias quedaron pendientes antes de pronunciarse sobre el cierre de la instrucción fiscal anunciado por la fiscal general Diana Salazar.
