El pabellón APAC (Ayuda al Prójimo, Ama a Cristo) era hasta antes del 2007 una especie de oasis para los 3.383 internos que en esos días purgaban sus culpas con la sociedad, en la Penitenciaría del Litoral.

Las 101 personas destinadas en ese lugar se ocupaban de fabricar puertas y ventanas para la Fundación Hogar de Cristo, que les proveía de material y les entregaba a cambio una remuneración simbólica de 13 dólares semanales. Administraban también una ferretería y recibían capacitación. El pabellón era parte de un programa de ayuda de una de las organizaciones no gubernamentales que trabajaban con los internos, la Confraternidad Carcelaria del Guayas (CCG).

¿Qué pasó con aquel escenario? “Desapareció. En septiembre de 2007, el gobierno de Correa nos sacó de la cárcel”, le aseguró a EXPRESO esta semana Teófilo Hermenejildo, quien preside la organización, en la que lleva 38 años como voluntario. El desalojo de la CCG llegó como efecto dominó con respecto de lo que se suscitaba con las oenegés en general. El primer desencuentro se dio con agrupaciones vinculadas con el ambiente. Luego le siguieron las organizaciones sociales.

Tras aprobarse la nueva Constitución, en 2008, se presentó el Plan Nacional para el Buen Vivir, un conjunto de políticas que cubrían todos los campos del quehacer de las organizaciones civiles, lo que dejó sin piso por igual tanto a colegios profesionales como a fundaciones. Entre estas, las organizaciones que trabajaban en las cárceles. En el caso de la Penitenciaría del Litoral, además de CCG, estaba el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que brindaba asesoría legal, humanitario y hasta acompañamiento en los procesos de denuncias por atropellos.

Billy Navarrete, del CDH, considera que el gobierno de Rafael Correa representó una década perdida para los internos de las cárceles. “Nadie hizo seguimiento de las condiciones en las que vivían. Tampoco hubo el acompañamiento legal”.

Se considera que el desalojo de las organizaciones civiles terminó por aupar la violencia actual. “Tras clausurar la opción de que alguien monitoree lo que sucedía allá dentro, los internos quedaron a merced de la nada, porque luego el Estado salió también de las cárceles. Los abandonó”, asegura Luis Ángel Saavedra, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

Para José Valenzuela Rosero, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la PUCE, la posibilidad de un retorno debería darse luego de que el actual Gobierno asuma de nuevo el control de las cárceles y recupere la seguridad.

Navarrete, por su parte, cree que tras 15 años, el Estado ha reactivado el vínculo con las organizaciones civiles, en especial en el tema de las cárceles. Se ha pedido su aporte para diseñar el programa ‘Política Pública de Rehabilitación Social 2022- 2025’.

El documento, de 180 páginas, abre la posibilidad de alianzas que faciliten el involucramiento de las ONG en la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad.