Todo nos lleva a suponer que la lista de nuestros funcionarios sobornados por Odebrecht tardará en exhibirse más que en ningún otro país en Latinoamérica. Nos enfrentamos a un récord más del que, esta vez, no podría envanecerse nuestro Gobierno.

Un entendido me aseguraba que la lista latinoamericana agruparía a más de un mil ochocientos sinvergüenzas ocultos detrás de cambiantes empresas o de falsas identidades , cada una de las cuales deberá rastrearse en varios países de Europa y hasta del Lejano Oriente. Toda una maraña que explicaría por qué los funcionarios bajo sospecha exigen, entre confiados e iracundos, que se les compruebe documentadamente su fechoría.

No faltarán verdaderos inocentes que simplemente hayan querido proteger sus dineros del vendaval revolucionario; pero es seguro también que abundarán los pillastres de las últimas administraciones.

La lista, pues, tendría el volumen de una enciclopedia; llenaría millares de páginas y podría arrojar resultados finales al menos luego de dos años de escudriñarlas.

Relativo consuelo nos darán los tontos e incautos que no hayan sabido camuflar los dineros escamoteados al país y, convencidos de su impunidad, exhiban una insultante e indecorosa imagen de prosperidad.

En estos casos, la lista devendría innecesaria y solo se requeriría de independencia y de voluntad ética de la Fiscalía, virtudes que desde hace diez años carece.

La sensación de impotencia ante la orquestada protección brindada a tantos delincuentes, nos estaba agobiando hasta que, ¡oh ironía!, aparecieron las ofertas de delatar a los corruptos a cambio de disminuciones de las penas que se les hubiese impuesto o estarían por sufrir. Una negociación insólita que tiene más visos de mercado negro : tantos años de anticipada libertad a cambio de los huesos en la cárcel de un funcionario corrupto.

La recuperación de los valores sustraídos al país no formaría parte del trato y correría a cargo de nuestra paquidérmica Fiscalía. Ciframos, entonces, en las delaciones de la propia Odebrecht la esperanza de que se castigue a estos malhechores prontamente o dentro de un lapso razonable.

Poco falta para ver en Odebrecht una empresa cumpliendo una función social y moralizadora luego de ser protagonista de la corrupción en nuestro país.

La rebaja de condenas que la gente de Odebrecht obtendría desnudando la conducta delictiva de nuestros funcionarios y una eventual recuperación de los valores que estos sustrajeron, la convertiría en una insólita benefactora de una sociedad como la nuestra, golpeada por más de una década por la corrupción.

Es una fórmula inédita y algo repulsiva a la que deberemos acostumbrarnos.

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