Una grieta en el cristal blindado del Gobierno de los últimos 10 años avanza al ritmo de los testimonios y pruebas que han sustentado esta semana el enjuiciamiento al vicepresidente en prisión provisional Jorge Glas por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. El epicentro es el poliducto Pascuales Cuenca. Y las placas que abren el piso, dos ex altos cargos. Ayer, el expresidente Correa se refirió también al tema en el que aparece mencionado.

Alexis Mera señaló al ‘número dos’ del exmandatario desde 2013 a 2017, es decir, a Jorge Glas, como responsable en solitario de la obra encargada a Odebrecht, que alcanzó un sobreprecio de 242 millones de dólares. Ya desde la instrucción, la declaración de Mera desentonaba con la férrea defensa del correísmo a la gestión del Gobierno anterior. El exsecretario jurídico de Presidencia también despejó la pelota por Correa, defendiendo ante la Corte Nacional de Justicia que el exmandatario no estaba ni enterado del proyecto y que cuando lo hizo, pidió la cabeza del ministro del ramo por el gasto excesivo.

Ese era Rafael Poveda, entonces al mando de Sectores Estratégicos. Pero la declaración judicial de este volvió a desteñir nuevamente la uniformidad de la defensa a la administración anterior: Dijo que el poliducto formaba parte de la planificación nacional. Es decir, de los planes del Gobierno.

La contradicción se interpreta, según el asambleísta de oposición Fabricio Villamar (CREO), como un intento de blindar al expresidente Rafael Correa: Mera sacrifica a Glas para salvar a la cúspide de poder. Y deja tres puntos claros para el proceso. Montúfar los enumera: el primero, que Jorge Glas era el intermediario con Odebrecht y que informaba de todo a Presidencia; el segundo, que lideraba los procesos decisorios sobre la financiación de la obra; y el tercero, que Correa confiaba tanto en Glas que le dio el dominio de la acción, la autoridad política.

Conclusión: “O Correa estaba totalmente engañado por Glas o totalmente informado de todo. En cualquiera de los dos casos, hay responsabilidad penal”, apunta el exasambleísta y acusador particular, por el deber de diligencia y supervisión que le correspondía al mandatario.

Y Villamar apostilla en la misma línea: las fisuras entre los exfuncionarios del Gobierno anterior son una parte de lo que se puede inferir de las condiciones que permitieron que la trama de corrupción se extendiera. “Nada habría sido posible si no se hubiesen aprobado decretos presidenciales para adjudicar los proyectos”.

La cifra

$ 612 millones fue el costo del poliducto Pascuales-Cuenca, 242 millones más de lo firmado.