Ocultar la información es la única política de Estado de Daniel Noboa
Análisis| El silencio y la inacción involucran a muchos. ¿El ocultamiento sobre HealthBird busca proteger a unos pocos?
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, sostiene que el silencio del Gobierno sobre la participación de la empresa fantasma HealthBird en la provisión de una plataforma tecnológica para administrar el sistema de salud del Ecuador es una “política de Estado”.
Y tiene mucha razón: ese silencio, que parece concertado entre todos los funcionarios del Gobierno -incluidos el presidente y la vicepresidenta de la República, el bloque de asambleístas oficialistas, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y hasta la Fiscalía- hace pensar que la supuesta contratación que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) tiene previsto (¿o ya lo hizo?) adjudicar a la empresa fantasma HealthBird es, efectivamente, una auténtica política de Estado.
No decir nada, no informar, eludir las preguntas y hacerse los sordos ante las críticas son, sin duda, elementos de una estrategia y una política nacional que cumplen al pie de la letra todos los involucrados. Una de las poquísimas políticas de Estado, en todo caso, porque ni en el tema de la lucha contra el crimen organizado se ha establecido una conducta coordinada tan bien concebida y estructurada entre los funcionarios responsables.
La manifiesta e impresentable actitud de no mover un dedo para aclarar el asunto también forma parte de esta conducta concertada.
Noboa guarda el tema HealthBird bajo siete llaves
Desde que estalló el tema, en septiembre, cuando Noboa anunció que HealthBird desarrollaría una plataforma digital para montar un sistema que agende citas médicas, regule el uso de medicamentos, haga diagnósticos biométricos, almacene historias clínicas y realice todas las tareas que normalmente gestiona un sistema nacional de salud, no ha habido un solo intento gubernamental por entregar información.
Y eso, pese al inmenso misterio que rodea a la empresa: no se sabe dónde está domiciliada, quiénes son sus accionistas, cuál es su propuesta ni qué experiencia tiene en el sector. El silencio sobre estos aspectos es, sin duda, inexplicable e injustificable, salvo que exista un esfuerzo para esconder algo inconfesable.
El episodio más reciente de esta estrategia es el video difundido por la vicepresidenta María José Pinto, en el que admite que la respuesta que su despacho dio a la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) no fue “la correcta”.
La CNA había enviado a Pinto un expediente de 70 páginas con documentación sobre posibles negociados en la venta de medicinas y datos sobre la anunciada contratación de HealthBird para la provisión de la plataforma tecnológica.
El silencio de María José Pinto
El despacho de la Vicepresidencia respondió con un correo electrónico afirmando que la vicepresidenta estaba encargada de una serie de responsabilidades (básicamente, los encargos que le hizo Noboa el 24 de mayo), pero no de los temas administrativos y logísticos del Ministerio de Salud, lo cual daba pie a pensar que ya no estaba a cargo de ese Ministerio, como el presidente había anunciado tras la consulta.
En el video, Pinto señala que la respuesta estuvo mal hecha, aunque sostiene -incorrectamente- que el expediente de la CNA era un pedido de información, cuando en realidad lo que ese organismo envió fue información. “La información ya se está gestionando”, dijo.
Cuando asumió el Ministerio de Salud, el 18 de noviembre, difundió otro video en el que anunciaba que había ordenado un estudio sobre la situación del sistema sanitario, para examinar posibles casos de corrupción. Eso no se ha cumplido hasta ahora, pero es de suponer, luego de escuchar su nuevo video, que lo hará en breve. Es decir: el país debería esperar que sea la Vicepresidencia quien aclare las dudas.
El silencio y la inacción, en realidad, involucran a muchos, y eso es lo que hace pensar que el ocultamiento de información es una “política de Estado”, como dice Rodas.
Los silencios del Fiscal Alarcón, de Herrería...
Es inconcebible, por ejemplo, que Michele Sensi-Contugi, director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), no haya invertido un solo centavo de los 131 millones que su despacho gastó en quién-sabe-qué durante 2025 en averiguar quiénes son los accionistas de HealthBird, dónde están, qué experiencia tienen en temas de salud o dónde están los contratos que la propia empresa ha anunciado en sus redes sociales.
¿No sabrá si alguien del Gobierno fue responsable de decirle al presidente que HealthBird -como prestadora de servicios tecnológicos de la CNT- había ganado la licitación para trabajar en la aplicación minutos antes de que cierre el plazo de presentación de ofertas, razón por la cual salió a declarar en una entrevista que esa empresa era la encargada de desarrollar la aplicación?
Las interrogantes no se quedan ahí. ¿Cómo es posible que el fiscal Carlos Alarcón no haya iniciado una investigación de oficio ante un misterio tan elocuente? ¿En la Secretaría de la Administración de Cynthia Gellibert no hay nadie que haya instruido una investigación para despejar dudas? ¿El secretario jurídico de Carondelet, Enrique Herrería, no le ha dicho al presidente de la República que debe aclararlo todo? ¿No hay algún funcionario en la CNT al que le llame la atención este problema y pida explicaciones? ¿En el Ministerio de Salud no hay nadie que haga un mínimo esfuerzo por conocer la verdad o, al menos, por calmar a la opinión pública con información?
La “política de Estado” en el caso HealthBird parece ser, en realidad, una simple estrategia para proteger a unos pocos vivarachos.
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