Ochoa habla pero no contesta

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Ochoa habla pero no contesta

Como ya es costumbre, Carlos Ochoa compareció ante los medios sin responder preguntas. Leyó sus argumentos de defensa usando un teleprompter. Él, con experiencia ante las cámaras, incluso usa maquillaje. Habló por unos 10 minutos y abandonó la sala a toda

La Contraloría objeta los ingresos, aparentemente, irregulares que tuvo en su paso por Gama. Desde la Asamblea y la sociedad civil, la crítica también es a la ética de su actuación.

Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación, enfrenta una posible destitución, una multa por $ 7.320 y dos glosas que superan los $ 100.000. La Contraloría dice que se benefició de ‘bonos’ y el usufructo de un vehículo que le entregó el medio.

Con estos nuevos elementos, la oposición espera que -esta vez sí- Ochoa comparezca ante el Pleno. Patricio Donoso, de CREO, cree que no es “nada ético” que haya cobrado 94.200 dólares en bonos en un medio que, según el Gobierno, está quebrado. “Eso también tiene que ser explicado”, dijo.

Para Cristina Reyes, del PSC, Ochoa es un personaje “nefasto” y califica como “escabrosos” los incidentes descubiertos en Gama. “Este personaje no ha tenido una conducta ética como superintendente (...), se trató de erigir como una autoridad moral en la comunicación y resulta que ha tenido sus pecados escondidos de abuso de recursos públicos”, dijo.

César Ricaurte, de la organización Fundamedios, añade que es evidente “que estamos asistiendo a un acto reñido con la ética. Como lo determina la Contraloría, se configuran conductas ilegales y corruptas”.

Incluso, desde PAIS hay reservas. Daniel Mendoza, del bloque morenista, recordó que el Gobierno advirtió que “el manejo de los canales incautados no había sido el más acertado”. En octubre, el gerente de los medios públicos, Andrés Michelena, reconocía que esos canales, en la década pasada, defendieron la política de gobierno y partidista. Ochoa, entre 2011 y 2013, fue parte de ese esquema.

En ese lapso también hubo una disposición que no llegó a aplicarse en el canal. En 2008, con la Constitución, entró en vigencia una norma que decía que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. En octubre, por ejemplo, Lenín Moreno cobró $ 5.635. En 2011, el director de noticias de Gama TV ya ganaba $ 8.000 mensuales y recibía el bono adicional.

Ochoa no niega haber recibido los beneficios que dice la Contraloría. Pero ensaya explicaciones. Los bonos, dijo, “corresponden a mi labor como presentador y entrevistador”. El vehículo “es parte de mis beneficios laborales acordados”, dijo ayer en una breve comparecencia en la que se negó a responder preguntas.

La Contraloría en su auditoría no encontró ningún respaldo de estas afirmaciones.

Ochoa también tiene otro argumento de defensa: asegura que Gama TV lo contrató “como una empresa privada”.

Otra vez, la Contraloría discrepa. Según la Constitución, las leyes de la Contraloría y de Servicio Público, como publicó ayer EXPRESO, en las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de recursos públicos (como Gama), quienes cumplan funciones de directivas (como Ochoa) se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública.

El excontralor Alfredo Corral añade que al haberse incautado, ese medio “está dentro de los bienes y recursos públicos en los que perfectamente se pueden hacer auditorías, exámenes especiales”, explicó a EXPRESO.

Ricaurte cree que tratar de justificarse en el paraguas de la ‘empresa privada’ también revela la estatura ética de Ochoa porque, desde la incautación, eran recursos públicos. “Es una justificación de lo más abusiva”, dijo.

Los casos “represados” derivan ahora en sanciones a funcionarios

La Contraloría tiene el pie en el acelerador. Pablo Celi -quien asumió la dirección de la entidad tras la polémica salida de Carlos Pólit, investigado por supuesta concusión relacionada a la red de corrupción de Odebrecht- empezó a despachar casos que estaban aparentemente “represados”.

Desde junio, hay al menos dos cambios. Las autorías, como publicó EXPRESO en noviembre, tienen énfasis en los sectores estratégicos (se están haciendo 86) y se ha puesto énfasis en la elaboración y aprobación de informes de responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Esta última gestión ha tocado de cerca a varios funcionarios públicos.

Carlos Ochoa, superintendente de Comunicación, es el último caso visible. Antes, el vicepresidente Jorge Glas y el expresidente del IESS, Richard Espinosa, corrieron la misma suerte (aunque en el primero todavía sigue en su cargo mientras está detenido en la cárcel 4, acusado de corrupción). Sus casos también tenían larga historia en la Contraloría.

La asambleísta de PAIS, Marcela Aguiñaga, y ahora el exministro de Inclusión, Iván Espinel, también están en lista de observados por la Contraloría. Ella tiene que responder por una glosa de 41 millones y él por irregularidades en su paso por el Seguro Social.