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El rol de los llamados “colectivos venezolanos” para proteger la “revolución bolivariana”, juega sin duda un papel determinante en las jornadas de protestas que se realizan en Venezuela en las últimas semanas, ante un Gobierno con bajos niveles de aceptación dentro del pueblo y con una fuerte oposición que se apuesta en las calles de Caracas. Podemos observar que no es precisamente la voluntad popular la que lo mantiene en el poder y es exactamente ante esa realidad que estos colectivos adquieren relevancia.

Una interesante nota de prensa del New York Times en esta semana, hacía notar que mientras la Policía y el Ejército están dotados de gas lacrimógeno y balas de perdigón, estas fuerzas colectivas son verdaderas milicias leales a Maduro, quienes ejercen una represión sin control al pueblo venezolano.

Hace aproximadamente dos semanas, Maduro, en su discurso antes de que empezara la llamada “madre de todas las marchas”, anunció que entregaría un arma a cada uno de estos milicianos, es decir entregó más armas a grupos civiles para defender su gobierno. Debemos recordar que en la época de Hugo Chávez, luego de una reforma legal se crearon los grupos ciudadanos que defendían la revolución y que no eran otra cosa que grupos de civiles, que en el tiempo fueron ganando la fuerza que dan las armas en la sociedad y para quienes se creó un marco legal a fin de darle esa fachada de legalidad a una de las decisiones más peligrosas que puede adoptar un gobierno, que es armar al pueblo, porque esas armas, que están al margen del control de los órganos institucionales de seguridad interna como son la Policía y el Ejército, sirven para atacar a una parte del pueblo que ese gobierno dice representar. ¿Qué droga tan grande es el poder que hace que quien lo detenta se crea indispensable para un pueblo?

Darle un marco legal a situaciones que riñen con lo moral y que son peligrosas para la sociedad está más allá de defender un proyecto político, y recuerda una vez más que lo legal jamás es sinónimo de legítimo.

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