Análisis. 

Los estándares internacionales en materia de libertad de expresión son un lujo que el Ecuador no se merece; el esquema de autocontrol de medios prescrito en la declaración de principios del sistema interamericano es una utopía indeseable; la censura, una herramienta necesaria... Así piensan nueve de cada diez asambleístas que participaron esta semana en el primer debate del proyecto para una nueva ley de comunicación: los correístas en pleno y sus aliados, gente de una y otra tendencia de Pachakutik, hasta asambleístas de la Izquierda Democrática extraviados, por ignorancia o inexperiencia, de la senda socialdemócrata. Algunos legisladores incluso defendieron la aplicación de la ley penal para perseguir delitos de opinión y como una garantía de respeto. La sesión, que tuvo lugar el martes, pasó inadvertida para la conversación pública y augura el regreso de los malos días para el periodismo ecuatoriano.

La intención era buena. Según la socialcristiana Marjorie Chávez, ponente del proyecto que elaboró en colaboración con Fernando Villavicencio, se trata de sustituir un modelo de censura (el de la ley correísta) por otro de responsabilidad ulterior. La ley correísta, sin embargo, ya había sido despojada de su carácter punitivo con las reformas propuestas por Lenín Moreno y aprobadas en diciembre de 2018. La pregunta ahora es si el modelo de responsabilidad ulterior de Chávez y Villavicencio cuenta con el respaldo de votos necesarios en el Pleno o si el resultado será un retroceso con respecto a los avances democráticos ya obtenidos. El debate de esta semana hace suponer lo peor.

“No queremos una ley mordaza pero...”. Los razonamientos de Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática, son cualquier cosa menos socialdemócratas. Ella parece, más bien, una correísta vergonzante. ¿Autorregulación? “Hasta cierto punto”, responde. Y “cierto punto” es ningún punto, pues su propuesta es, básicamente, un sistema policial, con un Consejo de Comunicación encargado de “vigilar, controlar y sancionar”. Y apoya, sin nombrarla, la fórmula de la correísta Marcela Holguín para encargar a la Defensoría del Pueblo las funciones de una defensoría de audiencias. “Los grupos de poder detrás de los medios nos quieren seguir sometiendo a sus lógicas y a sus estructuras”, remata, y es como escuchar a Leonidas Iza o Rafael Correa en la voz de Hello Kitty.

La suya es, sin embargo, una nueva forma de censura que parece gozar de un amplio consenso. Más que centrarse en la protección de los personajes públicos contra el escrutinio periodístico, como ocurre en la ley correísta, el modelo de censura de Johanna Moreira y lo que podría ser una amplia mayoría parlamentaria proviene del concepto de corrección política, propio de la izquierda identitaria. Su piedra angular es la persecución de lo que se califica como discurso de odio, “que constituye -en palabras de Dina Farinango, de Pachakutik- incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia”. Lo cual está muy bien y consta así en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero ¿quién decide lo que es y lo que no es discurso de odio? Nadie en el país ha hecho el esfuerzo de formular una definición con fines legislativos. En el debate del martes, los asambleístas que apelaron a esta forma de censura parecían darlo por sobreentendido, como si la definición de “discurso de odio” fuera del dominio público. Sin embargo, el uso público de este concepto tiende fácilmente a la arbitrariedad, como lo demuestran ejemplos recientes: si acusar a un dirigente indígena de “anarquista violento” es una forma de racismo; si la frase “hay que darle duro a la concejal X”, captada al azar por un micrófono que quedó abierto, es una forma de machismo; si la ley que busca aprobar la Asamblea deja abierta la puerta para la persecución de ese tipo de expresiones... Entonces la libertad de expresión será letra muerta en el país.

Los ejemplos de crímenes que quedaron sin castigo traídos a colación por Johanna Moreira no son menos arbitrarios: la supuesta promoción al consumo de carne de caza en el programa ‘MasterChef’ y las desafortunadas (y estúpidas) declaraciones del actor Andrés Pellacini sobre la responsabilidad de las víctimas de violencia sexual. La asambleísta de la Izquierda Democrática quiere un Estado con atribuciones para prohibir y sancionar esas expresiones.

Si esas son las propuestas que se cocinan en la bancada de la Izquierda Democrática, ya se puede imaginar cualquiera las que provienen del correísmo y Pachakutik. El esfuerzo más sistemático por acabar con el concepto de autorregulación es el de la correísta Marcela Holguín: propone entregar la responsabilidad de la defensoría de audiencias (que el proyecto de ley de Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio convierte en obligatorio para todos los medios) a la Defensoría del Pueblo. “El defensor de audiencias debe existir, pero a través de la Defensoría del Pueblo, no por cada medio”, dice Holguín. Entre otras propuestas de la bancada de la Revolución Ciudadana (la más numerosa del Pleno) se encuentran: regresar al concepto de responsabilidad solidaria de los medios de comunicación en los casos en que un columnista, por ejemplo, sea sancionado por su opinión (el concepto que se utilizó para atacar a diario El Universo en el caso de Emilio Palacio); restituir la figura del punitivo Consejo de Regulación de la Información creado por su gobierno; imponer a los medios contenidos obligatorios (educativos o interculturales)...

Pero las propuestas más radicalmente antidemocráticas provienen de la bancada de Pachakutik. Y no precisamente de la facción ultraizquierdista recién escindida del bloque y que acostumbra a votar con el correísmo: también de la otra. Si bien la mayoría de propuestas lanzadas en el debate del martes se sitúa a contracorriente de los estándares internacionales, no es común que algún asambleísta se atreva a cuestionarlos explícitamente. Solo hay uno que lo hace: Ángel Maita: “Los estándares de la CIDH -dice él- y de la Corte IDH no poseen estudios investigativos adecuados que demuestren que la autorregulación mejorará la calidad de los contenidos en los medios de comunicación”. José Chimbo, del ala supuestamente moderada del partido, llega más lejos: califica la propuesta de ley como “un atentado contra los servidores públicos del país”. Él quiere, literalmente, que la ley de comunicación proteja del escrutinio periodístico y público a las autoridades, funcionarios y candidatos. Para eso propone restituir la responsabilidad penal de periodistas y opinadores sobre temas de interés público.

¿Alguien defiende la ley? Solo dos de los veinte asambleístas que intervinieron en el debate: Juan Fernando Flores (CREO) y Jéssica Castillo (PK), presidente y vicepresidenta de la Comisión que la tramitó, que por un azar inexplicable es la de Relaciones Internacionales. Con posturas como la de Johanna Moreira y más de un legislador independiente, todo parece indicar que la nueva ley será un híbrido, que los criterios de corrección política prevalecerán sobre los estándares internacionales y que la censura volverá a imponerse sobre el periodismo. La nueva ley de comunicación se encuentra en las peores manos.

Si la censura cortesía se enfocaba en proteger a las autoridades del escrutinio periodístico, el nuevo modelo de censura está basado en el concepto de corrección política.

Ley punitiva

Nueve de cada diez asambleístas que intervinieron en el debate del pasado martes están en contra de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión.

Otro modelo

CADA COSA EN SU LUGAR

Otro de los puntos de la ley en debate que ha sido objeto de una fuerte resistencia de los bloques correísta y de Pachakutik, es la exclusión de todo lo relacionado con el manejo del espectro radioeléctrico. Eso incluye los concursos de frecuencias. La propuesta técnica es derivar esos artículos a la Ley de Telecomunicaciones. Los críticos ven en este cambio un intento por escamotear el tema y dejarlo sin regulación.