Dos nuevos proyectos de ley, ambos con una accidentada historia, empezó a debatir este martes el Pleno de la Asamblea. El primero (una ley orgánica para la gestión de la emergencia causada por la COVID y sus variantes) llega con casi dos años de retraso y es la suma de los errores del gobierno anterior, las omisiones del actual y la buena voluntad de la Comisión parlamentaria de Salud. El segundo (una nueva ley de comunicación con el equívoco nombre de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa, de Opinión, de Expresión y de la Comunicación) es un intento por concordar lo inconcordable: la visión del gobierno y la visión del correísmo. Hijos de tan enrevesados procesos, ambos proyectos tendrán que regresar a sus respectivas comisiones (que en el caso de la ley de comunicación es, para que la confusión sea aún mayor, la de Relaciones Internacionales) y volverse a redactar en gran medida.

La ley de gestión de la pandemia empezó a tratarse poco antes de las diez de la mañana y ocupó al Pleno por más de cuatro horas. El presidente de la Comisión de Salud, Marcos Molina, lo presentó como un proyecto elaborado por su mesa legislativa cuando se cansó de esperar que el gobierno envíe el suyo. Fue la Corte Constitucional la que dispuso que el Ejecutivo hiciera ese trabajo. Un primer proyecto, el de Lenín Moreno, fue rechazado por una Asamblea dispuesta a no dejarle gobernar. Guillermo Lasso lo retiró en agosto pasado y ofreció mandar otro. Hasta la fecha.

No gustó la propuesta de Salud: rechina desde el artículo 1, donde se autodefine como un mecanismo para limitar los derechos de libre tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio. Esto último pareció un exceso a los liberales. También causó mala impresión el carácter punitivo de la norma: hay multas de hasta cinco salarios básicos (2.125 dólares) para los que reincidan en el incumplimiento de las disposiciones de control. Eso incluye a los comerciantes informales. No faltaron los que, a propósito del proyecto de ley de acceso al aborto en casos de embarazos por violación aprobado la víspera en la Comisión de Justicia, quisieron aprovechar la oportunidad para colar por la ventana, en la ley de gestión de la pandemia, un artículo que garantice el respeto a la vida desde la concepción (así quisieron la socialcristiana Geraldine Weber y la independiente Amada Ortiz). Pero la crítica central es de fondo: existe un consenso para que esta ley específica sobre la pandemia de la COVID se convierta en una ley general sobre emergencias sanitarias. Con esa recomendación, que implica rehacerlo todo, el proyecto de ley volvió a la mesa.

También la nueva ley de comunicación pasó primer debate, en el que no fue posible vislumbrar acuerdo alguno: aquí hay dos visiones irreconciliables sobre el papel de los medios y el concepto de libertad de expresión.

Se trata de reformar la ley del correísmo tal como la dejó Lenín Moreno, que le despojó de su carácter punitivo. Con ese fin, Carondelet había enviado un proyecto de Ley Orgánica de Libre Expresión, que suprimía la institucionalidad que aún sobrevive. A esa propuesta se fueron sumando otras: Fernando Villavicencio y la socialcristiana Marjorie Chávez presentaron la suya; el exlegislador correísta Juan Cárdenas, su coidearia Marcela Holguín y la asambleísta por Pachakutik Dina Farinango hicieron lo propio.

El proyecto en debate es la suma de todos esos. En resumen: un Frankenstein. Una ley híbrida que trata de ajustarse a los estándares de la justicia interamericana pero no se atreve: mantiene un Consejo de Comunicación políticamente manipulable; juzga las opiniones periodísticas con los parámetros de las verdades judiciales; condiciona la información que dice proteger; establece controles desde la Defensoría del Pueblo. El debate será largo y el resultado puede ser exactamente el contrario al esperado por el gobierno cuando envió su proyecto.