Nuevo brio de la Justicia amenaza al propio Macri
La tregua alcanzada ayer para neutralizar la iniciativa de la ley antidespidos impulsada por la oposición, contempla que las empresas mantengan los puestos de trabajo y que se esfuercen por crear otros nuevos.
Una serie de investigaciones por corrupción que complica a la expresidenta argentina Cristina Fernández amenaza ahora a su sucesor, Mauricio Macri, quien facilitó la reactivación de estos casos judiciales, pero tiene a su propio entorno bajo la lupa.
El líder de centroderecha llegó al poder en diciembre con la promesa de combatir la corrupción en un país en el que desde hace años las sospechas de irregularidades envuelven a funcionarios y empresarios cercanos a Fernández.
Pero una denuncia del oficialismo por irregularidades del Banco Central en ventas de futuros del dólar, por las que este año fue imputada Fernández, se volvió contra el Gobierno al trascender que actuales funcionarios y un empresario que es amigo de Macri se beneficiaron de las operaciones.
Y ese no es el único frente judicial por donde asoman los problemas para el actual presidente. Las investigaciones por sobreprecios en obras públicas que apuntan al empresario Lázaro Báez, un hombre cercano a Fernández y a su difunto marido, Néstor Kirchner, ocupan hace meses las portadas.
Las relaciones comerciales del empresario se han extendido más allá del círculo del matrimonio Kirchner: incluso llegan hasta Ángel Calcaterra, primo hermano de Macri.
Calcaterra controla el Grupo ODS, que tiene a la constructora Iecsa como subsidiaria. Iecsa se asoció en años recientes con Austral Construcciones, de Báez, para competir en dos licitaciones de obras públicas que finalmente perdieron.
Báez, señalado por algunos como testaferro de la expareja presidencial, fue detenido el mes pasado por una de las causas que hay en su contra por lavado de dinero.
Por otro lado, Iecsa -parte del emporio de la familia Macri- Austral Construcciones y la brasileña Odebrecht son parte de una causa en la que se investiga el alcance local del escándalo de corrupción de Brasil conocido como ‘Lavado de Autos’, que abarca a casi 100 empresas, según una fuente judicial con acceso al caso.
De acuerdo con una fuente cercana a Iecsa, la firma “nunca fue notificada de ninguna investigación y no fue socia de Austral Construcciones, sino que solo participó con ella en dos licitaciones”. La fuente dijo que la empresa está en venta para evitar cuestionamientos por el vínculo con Macri.
“Yo voy a seguir teniendo el mismo compromiso institucional que asumí el primer día, que es permitir, dejar y acompañar en lo que se requiera” a la justicia, dijo el presidente la semana pasada.
Con el cambio de Gobierno, los jueces tienen ahora la ayuda de órganos que suelen ser reacios a colaborar cuando se trata de investigar a su propia administración, como las fuerzas de seguridad o la Cancillería. Nuevos funcionarios en organismos oficiales de lucha contra la corrupción y el lavado de dinero también están dando un fuerte empuje a la investigación del entorno de Fernández.
“Hay jueces que ahora se animan a investigar a la gestión pasada. Además, antes no podían acceder a la información”, explicó una fuente de la Justicia federal que prefirió que no se revelara su identidad.
Pero este impulso amenaza con manchar a Macri cuando su imagen se ha visto afectada por los ajustes a la economía y necesita apoyo popular para sus planes que buscan poner las cuentas del país en orden.
Para sumar dolores de cabeza al Gobierno, una funcionaria federal fue acusada recientemente de lavado de dinero y de tener vínculos con Báez, y otros dirigentes del oficialismo se vieron complicados por el escándalo conocido como ‘Papeles de Panamá’, en el que está involucrado el mismo Macri.
