La unanimidad es casi imposible y el debate intenso está garantizado. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional retomó hoy, 10 de enero de 2022,  el debate del proyecto de la denominada ley para garantizar el aborto, que hasta hoy antes del inicio de la sesión tenía un nombre y al término ya tenía otro.

Incluso ese elemento básico como un nombre enfrascó a los miembros de la mesa legislativa en un debate de más de una hora y media. La que empezó siendo la Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación ahora se llama Ley Orgánica para Garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación. Se quitó la palabra ‘derecho’.

A criterio de legisladores como Ricardo Vanegas, Pierina Correa y otros miembros de la Comisión, la Corte Constitucional en su sentencia despenalizó el aborto en caso de violación y no en otras circunstancias, por lo que este aún es un delito y no puede ser considerado un derecho. El presidente de la mesa, Alejandro Jaramillo, insistió en que la palabra ‘derecho’ debe continuar en el nombre porque implica generar condiciones para que las niñas, adolescentes y mujeres hagan uso de esto. La moción de la asambleísta Gissela Garzón pasó con nueve votos a favor y uno en contra luego de un intenso intercambio de argumentos y pedidos del presidente de no dilatar el análisis.

Una vez zanjado el tema del nombre, la mesa empezó su análisis artículo por artículo del cuerpo legal que va camino al segundo debate. Uno de los tres nudos críticos parece que empieza a desenredarse, el relacionado con los requisitos. La legisladora Jhajaira Urresta propuso que esa palabra se extraiga del numeral 2 del artículo 3 para reemplazarla por ‘lineamientos’. Por lo que uno de los fines de la ley será establecer “lineamientos necesarios para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación”, ya no requisitos. “Si en el numeral uno menciona la libertad de decisión, en el numeral dos    no habría requisitos”, explicó la legisladora de UNES.

Avanzó. Otro que generó más roces de ideas fue el numeral 6 del artículo 12 que reconoce el derecho a las niñas, adolescentes y mujeres a consentir la interrupción del embarazo “en forma libre y autónoma, sobre la base de su edad y madurez”, para ello contarán con el apoyo o acompañamiento de sus progenitores u otros. Que gran parte de los casos de violación sean perpetrados por padres o familiares cercanos a la víctima es lo que subió la intensidad del debate en la mesa.

Vanegas insistió en que en el caso de las menores de edad no pueden tomar decisiones autónomas por lo que necesitan un tutor legal, lo que no quiere decir que no puedan contar el hecho. “Creo que esta autonomía hay que revisarla para que no entre en contradicción con los otros artículos vigentes”, precisó el asambleísta.

El numeral fue aprobado incluyendo al final que el acompañamiento al que hace mención no puede convertirse en una limitante para decidir sobre la interrupción del embarazo. Hasta el cierre de esta nota, el debate continúa con el resto de artículos y puntos críticos como definir el límite de número de semanas de gestación en la que la mujer puede acceder a la interrupción voluntaria. Voces como la de Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática, cree que no debería fijarse un límite, sin embargo planteó que la discusión sea en base a las 22 semanas. Mientras que el asambleísta José Chimbo propuso un plazo máximo de 12 semanas, y su par José Agualsaca planteó 28 semanas para mayores de 18 años y sin plazo para las niñas, adolescentes y personas con discapacidad.