Noboa propone juicio político a jueces constitucionales: revisa la pregunta y anexo
La propuesta forma parte de un paquete de reformas constitucionales que el Ejecutivo busca someter a votación a final de año
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha enviado a la Corte Constitucional una propuesta de referéndum que incluye una pregunta orientada a permitir el juicio político a los jueces de la Corte Constitucional, actualmente excluidos de este mecanismo de control político.
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La pregunta plantea lo siguiente:
¿Está usted de acuerdo con que los jueces de la Corte Constitucional sean también considerados como autoridades sujetas a juicio político, enmendando la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?”.
El anexo constitucional propone varias reformas clave:
- Incluir a la Corte Constitucional en el artículo 131 de la Constitución, junto al Tribunal Contencioso Electoral, como autoridad sujeta a juicio político.
- Definir las causales específicas para el juicio político a jueces constitucionales, limitándolas a:
- Violación flagrante y reiterada de sus deberes constitucionales.
- Delitos sancionados mediante sentencia ejecutoriada.
- Arrogación manifiesta de funciones.
- Excluir como causal la mera discrepancia con decisiones jurisdiccionales.
- Establecer garantías reforzadas y un debido proceso para estos casos.
- Modificar el artículo 431 para permitir que los jueces constitucionales sean destituidos por dos terceras partes de sus propios miembros, además de estar sujetos al juicio político por parte de la Asamblea Nacional.
El articulo 431 establece que en las causas laborales, toda actuación, trámite o diligencia del juicio, realizada por funcionarios del tribunal será gratuita para las partes.
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La propuesta forma parte de un paquete de reformas constitucionales que el Ejecutivo busca someter a votación a final de año. Noboa ha argumentado que esta medida busca garantizar que ningún servidor público esté exento de responsabilidad, conforme al artículo 233 de la Constitución.
La Corte Constitucional deberá emitir un dictamen previo para determinar si la pregunta y su anexo cumplen con los requisitos legales y constitucionales para ser sometidos a referéndum.
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