Noboa presenta nuevas regulaciones para el gasto público: esto es lo que cambiará
El decreto prohíbe la contratación de seguros privados de salud para servidores públicos con recursos estatales
No a las contratación de seguros privados de salud. El Presidente Constitucional de la República, Daniel Noboa, emitió el Decreto Ejecutivo No. 36, que reforma el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, sobre adquisición de vehículos para instituciones del Estado, y el Decreto Ejecutivo No. 457 sobre lineamientos para la optimización del gasto público.
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El decreto prohíbe la contratación de seguros privados de salud para servidores públicos con recursos estatales, excepto para viajes internacionales en comisión de servicio al exterior, siempre que el financista del viaje cubra el costo.
Para los seguros de vida en actividades de peligro, se permite la contratación con partida presupuestaria correspondiente y dentro de los límites establecidos por el Ministerio del Trabajo. Los contratos de seguros de salud previos a la vigencia de la Ley Orgánica del Servicio Público seguirán vigentes hasta su conclusión, sin posibilidad de renovación.
El decreto ejecutivo prohíbe la compra de vehículos de alta gama
Respecto a la adquisición de vehículos, se prohíbe la compra de vehículos de alta gama. La compra de vehículos para la máxima autoridad de una entidad requiere la aprobación de la Secretaría General Administrativa de la Presidencia de la República, demostrando la necesidad y el nivel de riesgo.
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Para vehículos de seguridad, se considerarán las características necesarias para cumplir con su finalidad, pudiendo ser de calidad superior y/o tecnología avanzada. En el caso de vehículos de aplicación especial, se realizará previamente la verificación de producción nacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana regulará la compra de vehículos para el servicio exterior.
Para cualquier adquisición que implique erogación presupuestaria, se requiere certificación presupuestaria. El Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de Contratación Pública emitirán las actuaciones necesarias para el cumplimiento del decreto. Se derogan normas contradictorias de igual o menor jerarquía. El decreto entra en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
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