Noboa decreta nuevo estado de excepción en 7 provincias por grave conmoción interna
El presidente Daniel Noboa declaró estado de excepción ante las movilizaciones por el alza del diésel
El presidente Daniel Noboa decretó este 16 de septiembre de 2025 el estado de excepción en siete provincias del país: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo. La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo N.º 134 y responde a la causal de “grave conmoción interna” en el contexto de las protestas nacionales por la eliminación del subsidio al diésel.
El decreto faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a intervenir en el control del orden público, realizar operativos en espacios públicos y restringir temporalmente ciertos derechos, como la libertad de reunión, en zonas donde se identifiquen amenazas a la seguridad ciudadana.
Aunque se aclara que no se limita el derecho a la protesta pacífica, el Gobierno advierte que se actuará contra actos violentos o bloqueos que afecten servicios esenciales.
La medida tendrá una vigencia inicial de 60 días y busca contener la escalada de movilizaciones que se han intensificado desde el anuncio del retiro del subsidio al diésel.
Paros y bloqueos por el alza del diésel marcan la jornada
Desde la madrugada del 16 de septiembre, gremios de transportistas, organizaciones sociales y comunidades indígenas han bloqueado vías en varias provincias, especialmente en las zonas ahora bajo estado de excepción. Los puntos más críticos se registran en Carchi, Imbabura. Pichincha, y Cotopaxi (Latacunga), donde se reportan enfrentamientos con la fuerza pública y suspensión de actividades escolares.
Los manifestantes rechazan el incremento del precio del diésel, que afecta directamente al transporte de pasajeros y alimentos. Según cifras difundidas por líderes gremiales, el costo operativo de unidades de transporte urbano e interprovincial se ha elevado en más del 30%, lo que podría traducirse en un alza de tarifas para los usuarios.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la medida como parte de una estrategia para sanear las finanzas públicas y combatir el contrabando de combustibles. Sin embargo, voces como la del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, han cuestionado la decisión, señalando que “el transporte público es una política social” y que el subsidio al diésel debería mantenerse para proteger a las familias más vulnerables.
En Cuenca, además, se desarrolla una marcha por el agua convocada por colectivos ambientalistas, lo que ha sumado presión al escenario nacional. La simultaneidad de protestas ha sido uno de los argumentos del Ejecutivo para declarar la grave conmoción interna.
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