Con presencia en el Ecuador desde 1987, Odebrecht tiene a su haber una amplia carpeta de millonarios contratos suscritos con el Estado. A partir de 2007, se contabilizan ocho, que le han significado a la constructora brasileña ingresos por $ 3.479,8 millones (ver infografía).

Dos de estos contratos corresponden a obras contratadas por el Municipio de Quito, por $ 2.134 millones (Ruta Viva y el Metro).

Pero la ejecución de obras en territorio nacional ha estado envuelta en grandes controversias, como ocurrió en 2008, cuando el actual Gobierno expulsó del país a la constructora brasileña, por las graves fallas encontradas en la central hidroeléctrica San Francisco, a un año de ser entregada. El contrato para ese proyecto había sido firmado en gobiernos anteriores y sus trabajos se habían iniciado en febrero de 2004.

Debido al problema de la hidroeléctrica, el presidente Correa dispuso la militarización de todas las obras que Odebrecht tenía a su cargo en el país, la anulación de todos sus contratos y la prohibición de movilidad de los ejecutivos de la compañía.

La firma tenía a su cargo la ejecución del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, del sistema de riego Carrizal-Chone y del aeropuerto de Tena, que totalizaban un monto contractual de $ 453,1 millones.

“Ya basta de tantos abusos. No vamos a permitir que ninguna de estas empresas internacionales venga a burlarse del país”, enfatizó el mandatario.

El Gobierno ecuatoriano resolvió también desconocer el crédito por $ 286,8 millones que había concedido el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) de Brasil a Odebrecht para la construcción del proyecto, y llevó el caso a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París

La Contraloría, por su parte, determinó responsabilidades por $ 103 millones por los daños en la hidroeléctrica. También determinó presuntos indicios penales para 14 funcionarios y ejecutivos del consorcio Odebrecht-Alstom-Va Tech.

Sobre el caso, el entonces presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva mostró su confianza en encontrar una solución. Señaló que “en el momento en que llegue la necesidad de hablar con Rafael (Correa), yo hablaré”.

En julio de 2010, el Gobierno anunció el reinicio de las operaciones de Odebrecht en el Ecuador. La compañía brasileña firmó un acta transaccional para reparar la hidroeléctrica y entregar una compensación económica de $ 20 millones. Correa declaró: “Es una derrota total de Odebrecht y una victoria total del país porque ha reconocido todas las exigencias y condicionamientos que le impuso el Ecuador y los correspondientes pagos”.

La constructora brasileña consiguió con ese acuerdo que el Estado eliminase todos los juicios en curso. Dos meses después de su firma, la Contraloría desvaneció ocho de nueve glosas establecidas.

EXPRESO solicitó un pronunciamiento a la empresa, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Las dudas sobre el Metro de Quito

La adjudicación al consorcio Acciona-Odebrecht del contrato para la construcción de la fase dos del Metro de Quito, en 2015, desató cuestionamientos debido al escándalo de corrupción que involucra a Marcelo Odebrecht. La obra, que en parte es financiada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pasó de costar $ 1. 500 millones a $ 2.009 millones.

Sobre las posibles implicaciones de índole legal respecto del caso de la constructora brasileña, la gerencia jurídica de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito aclaró que los recursos para la ejecución del proyecto (del Gobierno central y del Municipio quiteño) son inembargables. De igual manera, según esa entidad, el patrimonio del consorcio que ejecuta la obra está libre de cualquier riesgo que pudiera derivarse del proceso legal que se investiga en Brasil.