El narcotrafico fija sus ojos en los lancheros

Tiembla de impotencia cuando habla de su hijo Fernando. Hace dos años se embarcó con tres compañeros a pescar durante cinco días en aguas del Pacífico, pero no volvió a su hogar en Jaramijó.

Esperanza recuerda que el 27 de abril de 2015, su hijo zarpó desde la costa de este cantón de la provincia de Manabí, pero semanas después los rumores de los pobladores confirmaron su dolorosa corazonada: él y sus colegas fueron detenidos en altamar por supuesto tráfico de droga y ahora están recluidos en una cárcel de Guatemala (Centroamérica).

Fernando integra la lista de 58 pescadores jaramijenses que en los últimos siete años han sido detenidos y cumplen condenas en Colombia, Panamá, México, Guatemala, Puerto Rico, El Salvador, Estados Unidos y Honduras, según una asociación creada hace un año por madres y esposas de detenidos en el exterior acusados de tráfico de estupefacientes en esta localidad y a la que pertenece Esperanza (56).

“Nuestros pescadores no son narcotraficantes ni delincuentes, simplemente (sienten) la desesperación por llevar el pan a la mesa para sus hijos y el poco ingreso que les deja la pesca no les permite pagar sus deudas”, masculla la mujer. Justifica el “error” de Fernando, al asegurar que supuestamente los narcos les ofrecen mucho dinero para transportar la ‘merca’ en sus lanchas fuera del territorio ecuatoriano. Una paga que puede ser de entre 8.000 y 30.000 dólares por cada viaje de cuatro a cinco días.

Según un agente encubierto de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos (UIAN), más de 120 pescadores oriundos de Jaramijó han sido apresados en Centro y Norteamérica en los últimos ocho años. Solo en 2017 se registran 10 detenciones en aguas internacionales y hay la posibilidad de que existan más casos que no han sido denunciados por familiares en la Cancillería, por temor a represalias.

La Dirección Nacional de Antinarcóticos (DNA) ha centrado sus investigaciones en Jaramijó, al detectar intensas actividades ilícitas de supuestos lancheros que han sido tentados por agrupaciones dedicadas al envío de droga por altamar en estos últimos cinco años.

$ 30 por una llamada de diez minutos

La asociación de madres no cuenta con asesoría legal. Se reúne una vez al mes para saber algo de sus parientes y amigos encarcelados en el exterior. Lo hacen a través de una llamada telefónica que dura 10 minutos y por la que deben pagar (cada uno) 30 dólares a una persona que hace el ‘enganche’.

Representantes del sector pesquero solicitarán a las autoridades charlas, para evitar que los artesanos sean captados por narcos.

HLV