Los casos de abuso sexual a menores han sido reiterados. En los últimos cuatro años el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil (Ccpid-g) ha conocido, de manera directa e indirecta, 2.000 denuncias de vulneración de derechos en general; la mayoría de ellos está relacionado con maltrato.

La información fue proporcionada ayer a Diario EXPRESO por José Manuel Portugal, secretario ejecutivo de este ente cantonal adscrito a la Municipalidad de Guayaquil, encargado de velar por los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Portugal deja claro que en el tema de abuso sexual la competencia radica en la Fiscalía. Pero asegura que cada vez que conocieron un caso lo remitieron directamente a ese ente y le dieron seguimiento para que tenga el impulso necesario.

Respecto a la vulneración de derechos, “hemos adoptado medidas urgentes de protección a favor del menor, como el alejamiento del infractor y la prohibición de acercamiento a la víctima; y si el caso ha sucedido en el hogar, se ha dispuesto la separación del niño del entorno en el cual sufrió la violencia”.

Portugal aseguró en la mañana que la mayoría de casos eran abuso sexual, eso se contrapone a lo señalado por la concejala Luzmila Nicolalde en horas de la tarde.

Ella habla de casos de vulneración de derechos que involucran maltrato, abandono, trabajo infantil, entre otros, que han sido conocidos por el Ccpid-g, pero coincide en que sí conocieron casos de abuso sexual. “Los pocos que conocimos los remitimos a la Fiscalía que tiene la competencia”, indicó.

Por el momento, se desconoce si estos recibieron sentencia y si los involucrados fueron castigados. Lo que sí se sabe es que el silencio escondió esta problemática que se ha venido dando desde hace mucho tiempo a nivel nacional.

Según el Ministerio de Educación, hay 882 casos de acoso, abuso sexual y violación reportados entre el 2014 y 2017, de los cuales 561 fueron cometidos por personas vinculadas al sistema educativo.

No obstante, estos salieron a la luz luego de las denuncias presentadas por padres de familia de la Unidad Educativa Aguirre Abad, de Guayaquil, en contra de cuatro profesores que ultrajaron a sus hijos.

Ayer la coordinación zonal de la Defensoría del Pueblo convocó a una reunión de trabajo a varios organismos involucrados en la defensa de los derechos de los menores y anunció el inicio de una investigación defensorial para ver de qué manera se fortalece el sistema estatal para garantizar una efectiva tutela de derecho.

“Hay un sistema débil de información. Necesitamos conocer los protocolos que se vienen aplicando y queremos exhortar, proponer y recomendar mecanismos para mejorar el sistema”, dijo Franklin Zambrano Loor, coordinador zonal.

El trabajo de esta entidad también va dirigido a reunirse con profesores, estudiantes y padres de familia para que, a través de sus perspectivas, informen cuáles son los problemas que encuentran al momento de intentar denunciar un caso de abuso.

La propuesta del Ccpid-g es articular los protocolos y que la entidades han implementado. La idea es que todas manejen una misma ruta y conozcan a qué ente acudir en estos casos.

El fiscal César Peña reiteró que en caso de abuso la denuncia debe conocerla la Fiscalía.

Una Sesión por las víctimas

En la Casa de la Cultura, a las 15:00, sesiona la Comisión Ocasional Aaampetra, en conjunto con el Consejo de Administración Legislativa. Asistirán también el ministro de Educación, el fiscal general y el presidente del Consejo de la Judicatura.