Mundo

Netanyahu
Benjamin Netanyahu habla ante el Parlamento en Jerusalén el 9 de mayo de 2022. EFE/EPA/ATEF SAFADIATEF SAFADI

A votación una parte de la reforma judicial en Israel que impulsa Netanyahu

La Knéset, el parlamento del país, vota una ley que impide al Tribunal Supremo revisar decisiones gubernamentales.

La Knéset (Parlamento israelí) vota este lunes 10 de julio en primera lectura un proyecto de ley que anula la doctrina de la razonabilidad, que permite al Tribunal Supremo revocar decisiones gubernamentales en base a si son razonables o no, uno de los pilares de la polémica reforma judicial que impulsa el gobierno derechista de Benjamín Netanyahu.

Policia-Israel

Autoridades israelíes arrestan a una palestina que intentó un ataque en tranvía

Leer más

El bloque gubernamental en la Knéset, que tiene una amplia mayoría, está acelerando la tramitación de esta norma y aspira a que el proyecto de ley quede definitivamente aprobado en tres votaciones -la segunda y la tercera suelen celebrarse el mismo día- antes del cierre de la sesión parlamentaria por vacaciones de verano, el próximo 30 de julio.

Sin embargo, el movimiento de protestas ha convocado para este 11 de julio una nueva "jornada de la ira" con cortes de carreteras, ocupar el aeropuerto internacional Ben Gurion, y manifestaciones masivas por la tarde en todo el país, con la avenida Kaplan de Tel Aviv y la residencia del primer ministro en Jerusalén, como puntos principales.

La cadena de grandes almacenes BIG y una decena de empresas de alta tecnología cerrarán mañana, mientras la oposición ha pedido al mayor sindicato del país, Histadrut, la convocatoria de una huelga general, como ya hicieran en marzo, cuando se logró que Netanyahu congelara temporalmente la tramitación de la reforma.

A finales de marzo, cuando las calles se incendiaron porque Netanyahu cesó al ministro de Defensa, Yoav Gallant, por pedir abiertamente frenar la reforma judicial, Hisradrut convocó una huelga general que obligó al primer ministro a congelar la tramitación de esa legislación y abrir un diálogo con la oposición, que se rompió el mes pasado, cuando el Gobierno expresó su intención de avanzar unilateralmente con el plan.