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Donald Trump politica antidroga
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante un acto oficial en Washington D. C.Foto: EFE

¿Por qué Trump califica al fentanilo como “arma de destrucción masiva”?

La Casa Blanca endurece su ofensiva antidrogas y amplía el rol militar e inteligencia contra el tráfico de fentanilo

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, endureció su política antidroga tras firmar, este 15 de diciembre, una orden ejecutiva que declara al fentanilo ilícito como “un arma de destrucción masiva”. El anuncio se realizó durante una ceremonia de condecoración a militares por su labor en la frontera con México.

Desde Washington, el mandatario sostuvo que el impacto de esta droga supera al de cualquier ataque convencional. “Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que está inundando nuestro país”, afirmó. Trump aseguró que su consumo provoca más muertes que “cualquier bomba” utilizada en conflictos armados.

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Cifras oficiales revelan el impacto letal del fentanilo en EE.UU.

Las cifras oficiales respaldan la gravedad del fenómeno. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre 2021 y 2023 se registraron más de 250.000 muertes por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos, principalmente fentanilo, consolidándolo como una de las mayores crisis de salud pública en la historia reciente del país.

El presidente fue más allá y cuestionó los registros habituales. “Si esto fuera una guerra, sería una de las peores”, dijo, al estimar que en los últimos cinco o seis años han muerto entre 200.000 y 300.000 personas al año por consumo de esta sustancia. Según Trump, la cifra oficial de 100.000 fallecidos anuales no reflejaría la magnitud real del problema.

Gobierno de EE.UU. reporta caída del flujo de fentanilo y cooperación con China

En materia de control fronterizo, el mandatario afirmó que, durante su segundo periodo, se ha logrado una reducción del 50 % en la cantidad de fentanilo que cruza hacia Estados Unidos. Además, aseguró que China está “colaborando estrechamente” con Washington para disminuir la producción y el envío de precursores químicos utilizados en su elaboración.

Qué establece la orden ejecutiva sobre el fentanilo

El texto de la orden sostiene que “el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico” y advierte que su producción y comercialización, atribuidas a cárteles y organizaciones terroristas extranjeras, financian actividades como asesinatos, actos terroristas e insurgencias, con un impacto directo en la seguridad nacional estadounidense.

La disposición instruye a varios secretarios del Gabinete a reforzar el combate contra el tráfico de esta droga. En particular, encarga a Pete Hegseth, secretario de Guerra, y a la secretaria de Seguridad Nacional la actualización de todas las directivas relacionadas con la respuesta de las Fuerzas Armadas ante incidentes químicos dentro del país, incorporando explícitamente la amenaza del fentanilo ilícito.

El documento también amplía las facultades del Pentágono para apoyar a las fuerzas policiales y habilita a las agencias de inteligencia a emplear herramientas que habitualmente se reservan para la lucha contra la proliferación de armas, ahora dirigidas contra redes de narcotráfico.

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Pete Hegseth, comparece ante una comisión del Senado durante una audiencia en Washington D. C., en medio del debate sobre la política antidrogas y el combate al fentanilo ilícito.Foto: EFE

Una escalada dentro de la estrategia antidrogas de Trump

La clasificación del fentanilo como “arma de destrucción masiva” se suma a una serie de decisiones adoptadas desde el regreso de Trump al poder, entre ellas la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que ha abierto la puerta a posibles acciones militares.

Desde principios de septiembre de 2025, Washington ha ejecutado más de 20 ataques contra presuntas “narcolanchas” en aguas del Caribe y del Pacífico, operaciones que han dejado más de 80 personas muertas. En la mayoría de los casos, las pruebas presentadas por el Ejecutivo para sustentar las acusaciones han sido limitadas, lo que ha generado cuestionamientos a nivel internacional.

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